­La dirección de Limasa y el Ayuntamiento han terminado por reconocer que las diferentes sentencias judiciales han dado la razón al comité y a la plantilla en las demandas presentadas que han fijado que el único convenio vigente y de aplicación es el firmado en 2010, sin que quepa introducir en el mismo ninguno de los puntos de los acuerdos firmados posteriormente.

Por ello, y pese a que Limasa hizo ayer efectiva la presentación de un recurso sobre la última sentencia dictada por el juzgado de lo Social 12, el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha la ejecución de la sentencia, que supone en la práctica que la plantilla debe recuperar todos los recortes sufridos en los últimos años, unos recortes que el comité de empresa cifra en unos 10.000 euros de media por trabajador.

La semana pasada, en una doble reunión mantenida el martes y el viernes entre la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, y el comité de empresa, en la que estuvieron presentes los responsables técnicos de Limasa y el Ayuntamiento, la concejala presentó una oferta al comité cuyo punto principal se basaba en «la regularización de la etapa anterior», ofreciendo una cantidad media por empleado «que supera los 9.300 euros» que respondería a una subida salarial del 1,5% desde 2012 hasta ahora, el abono de la paga de productividad actualizada a 1.693 euros y los 68 euros del paquete de Navidad. El abono de todo ello, cifrado en unos 17 millones de euros, se realizaría en tres pagos.

El comité se apresuró a rechazar esta oferta que, aunque se acerca bastante a sus exigencias respecto a los atrasos, no «contempla el reconocimiento de todos nuestros derechos al tratarse de un dinero que ellos nos han quitado en estos años y ahora deben devolver».

El rechazo del comité se basó además en la cantidad en que debía estipularse la productividad variable. El comité se ofreció a dejarla en 1.000 euros -que se descontarían de los 9.300, con lo que la media quedaría en 8.300- pero esta cantidad se consideró «muy insuficiente» por la concejala, lo que reforzó el rechazo por parte del comité a la oferta de Porras.

Posteriormente a la reunión, el viernes por la tarde y en las horas previas a la asamblea de trabajadores convocada por el comité, todos los trabajadores recibieron un mensaje con un comunicado informando de la «oferta realizada por la empresa al comité».

En el texto, la empresa plantea abonar una media de 8.200 euros por trabajador; extender el disfrute de las vacaciones a todos los meses del año; productividad variable, como «requisito imprescindible», vinculada al cumplimiento de objetivos; eliminación de los «puestos heredados, por lo que se incentivaría la jubilación anticipada «con ayudas que pueden superar los 30.000 euros»; convertir en fijos a jornada completa a más de 100 empleados a tiempo parcial; nuevo convenio por cinco años con las subidas salariales que fijen los Presupuestos Generales del Estado.

Un portavoz del comité de empresa tachó de «cien por cien falso» el texto del comunicado de la empresa; «en la reunión no se habló de vacaciones, ni de salario variable, ni de nuevo convenio o de hacer fijos a los que están a tiempo parcial», añadió. Por ello, esta supuesta oferta no llegó a ponerse a discusión en la asamblea del domingo.

La clave del rechazo del comité a la oferta de la empresa está en los retrasos por la subida salarial a aplicar entre 2012 y 2018. El convenio fijaba una subida del 2%, y en 2012 se pactó una rebaja de un 0,5%. Ahora, la empresa dice que ese pacto aún tiene vigencia y aplica una subida de un 1,5%; por contra, el comité argumenta que ese pacto quedó anulado por la sentencia judicial y la subida debe ser del 2%. La diferencia es de unos 1.000 euros por trabajador. Además rechazan la inclusión de un sueldo variable por consecución de objetivos y reclaman ampliar a fijos a unos 150 operarios que ahora están a tiempo parcial.