El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha recibido en la última década (2008-2018) un total de 3.342 incidencias por desperfectos o fallos en las casas protegidas entregadas a los ciudadanos, según consta en una batería de respuestas que el equipo de gobierno ha dado a las correspondientes preguntas que el grupo de Ciudadanos hizo en el último pleno del año pasado.
Así, explica el equipo de gobierno, «desde el año 2008, y para un parque promovido de 2.724 viviendas, se han atendido 3.342 incidencias de las que 213 no proceden y 2.676 han sido atendidas directamente por las propias empresas constructoras, dentro del habitual periodo de garantía cuando los propietarios al entrar a vivir trasladan sus partes». Estas últimas reclamaciones son relativas, principalmente, a pequeñas reparaciones tales como «rodapiés desprendidos o puerta que cierra encajada, etcétera...». Además, 453 han sido resueltas en concepto de mejoras por el propio IMV. «Cabe señalar que todo ello ha sido a lo largo de los últimos diez años, teniendo en cuenta que desde el año 2000 se han construido 5.223 viviendas y en la última década, 2,724".
En contestación a otra pregunta de Ciudadanos en relación al dinero gastado por el IMV en concepto de reparaciones por desperfectos, el equipo de gobierno señala que no se ha hecho frente a ninguna, dado que «todas las reparaciones por desperfectos han sido repercutidas o reclamadas a la empresa constructora correspondiente». No obstante, añaden, «en cinco promociones se han realizado mejoras que han supuesto una inversión de 109.612,95 euros, que por su concepto de mejoras no se han repercutido a los agentes intervinientes en la edificación, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación».
En relación a las reclamaciones (3.242 incidencias), insiste el IMV en que estas han sido atendidas por la empresa constructora o a la contratista correspondiente. No obstante, por fallo judicial se ha asumido «una reclamación en la promoción R7C (Soliva), por importe de 15.000 euros», contesta en el escrito el equipo de gobierno. El documento está firmado por el director del IMV, José María López Cerezo.
La formación naranja también preguntó cuántos procesos se han abierto en los juzgados malagueños por las reclamaciones interpuestas por los ciudadanos. «En la actualidad existen dos procesos judiciales abiertos correspondientes a una reclamación de la Comunidad de Propietarios R.5 de Soliva y otro de la promoción R10, de la misma barriada», contesta el equipo de gobierno. Ambos asuntos están aún pendientes de la celebración de un juicio.
La falta de viviendas de protección oficial es, de cualquier forma, uno de los grandes problemas que sufre no sólo la ciudad, sino también numerosos municipios de la provincia, algo que el alcalde, Francisco de la Torre, ha achacado numerosas veces a la falta de esfuerzo inversor en la materia de la Junta de Andalucía, cuando el IMV sí ha cumplido su parte.
Pese a todo, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU) reflejó en su informe correspondiente al tercer trimestre de 2018 que los precios de venta y alquiler en Málaga «son prohibitivos», tasó el incremento interanual en el 19% y destacó que el 36% de la renta familiar se destina ya a pagar las letras del arrendamiento o la hipoteca, cuando lo aconsejado es un 30%. En su informe, publicado en septiembre, achacaba a las diferentes administraciones «cierta desidia, falta de dedicación y carencia de planteamientos innovadores», lo que ha provocado que en los últimos diez años «se hayan construido muy pocas VPO o viviendas sociales» o que los suelos destinados a VPO, un 30%, permanezcan «baldíos».
Ya en octubre, y refiriéndose a toda la provincia, el Colegio de Arquitectos de Málaga lamentó la ausencia absoluta en el tercer trimestre del año de promociones plurifamiliares de VPO, lo que achacó al «fracaso de las políticas de vivienda en las diferentes administraciones». Entre julio y septiembre, sólo se visaron nueve unidades unifamiliares de VPO (ocho en Nerja y una en Mijas); en el segundo trimestre sí hubo cuatro proyectos con 291 unidades (224 de ellas en la capital).
El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento informó de una inversión de 1,6 millones de euros en una promoción de VPO para jóvenes, en régimen de alquiler, en al calle Calvo, tras el Málaga Plaza.
El Ayuntamiento también ha desplegado una importante actividad en cuanto a las ayudas al alquiler que otorga el IMV. En noviembre, el Consejo Rector de la entidad aprobó dos planes, orientado uno de ellos para quienes no se han beneficiado de los anteriores y el segundo, para quienes necesitan aún de ayudas. Los dos programas sumaban más de 3,5 millones de euros, aunque la principal novedad estribaba en que la ayuda mensual sube de 450 a 550 euros. En ese Consejo Rector, también se dio luz verde a una nueva promoción de VPO en Campanillas, en concreto 24 casas en la calle Lingüista Lázaro Carreter para jóvenes.
