El Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas se reúnen hoy en Madrid, en un grupo de trabajo constituido para tratar la regulación de los sectores del taxi y las VTC, que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify. Ante esta reunión, enmarcada en la Comisión de Directores Generales de Transportes, los presidentes de la Asociación Unificada de Autonomos del Taxi (Aumat), José Royón, y Taxi Unión, Sebastián Cortés, han asegurado hoy tener esperanzas.

Así, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento para presentar la nueva aplicación de pago OWE, Royón ha dicho que "todas las comunidades están regulando hacia una misma línea: Baleares, Valencia, Galicia, Aragón... y en Andalucía hemos puesto una serie de puntos que, probablemente, van a ser en tiempo". Y es que ha afirmado que están dando "un periodo de confianza al Gobierno andaluz" por estar recién conformado y ha agradecido a la consejera y al director general de Movilidad "que nos hayan recibido", aunque ha destacado que "el taxi está tenso porque quiere soluciones rápidas, pero nuestros problemas implican mucha burocracia y unos políticos se implican más que otros", ha lamentado.

En este sentido, el presidente de Taxi Unión ha incidido en que están pendientes de la propuesta de la Junta. "Nosotros hemos presentado una serie de condicionantes similares a las que en otras comunidades se han presentado, y pretendemos que la Junta elabore una normativa, se ha comprometido en ello, y esperemos que sea del agrado de todos".

Por otra parte, Royón ha criticado que "desde el Gobierno de la nación han querido escurrir el bulto, soltar primero el problema a las comunidades autonómas y estas al ayuntamiento", sin embargo "las VTC tienen carácter nacional y las soluciones tendrían que darlas a nivel nacional". Asimismo, el presidente de Aumat ha insistido en que lo que quieren es una regulación y "que se aplique la normativa". Cortés ha subrayado que "el enfrentamiento no es contra las VTC, sino contra la no regulación y el aprovechamiento de estos vehículos de empresas que tributan en paraísos fiscales y que quieren hacerse con el mercado del transporte urbano"; y las licencias "otorgadas por la Junta, por transferencia del Estado, son licencias se que se han dado para servicios interurbanos", ha recordado.