Los juzgados de Primera Instancia de Málaga han acordado hasta ahora devolver a compradores de viviendas no entregadas por promotoras una cifra global de 8,2 millones, tras estimar las correspondientes demandas presentada por los clientes para reclamar a las entidades bancarias las cantidades entregada como anticipos. Así lo aseguró el letrado Carlos Cómitre, del despacho Ley 57 Abogados, que junto a otros despachos unidos en la plataforma SOS Viviendas, han presentado en los últimos años más de 300 demandas contra las entidades bancarias depositarias de dichos anticipos ingresados en cuentas de las promotoras para la compra de inmuebles, que finalmente no fueron entregados o ni siquiera construidos.

Estos juzgados, en aproximadamente 150 sentencias dictadas en los últimos meses, aplican la doctrina asentada por el Tribunal Supremo «a favor de quienes se vieron envueltos en compras de pisos que no llegaron a construirse o entregarse», según explicó a Europa Press, apuntando que se trata de compradores de viviendas proyectadas por grandes promotoras, entre ellas Aifos.

De esa cantidad global de 8,2 millones de euros -suma de los distintos fallos de las sentencias conseguidas por la plataforma SOS Vivienda-, 2,7 millones de euros ya han sido entregados a unas 70 familias tras haber ganado los procedimientos judiciales iniciados ante esta situación.

Así, el letrado indicó que de esta forma los afectados «han visto en los últimos meses una salida a la pesadilla iniciada tras la crisis del ladrillo que dejó a miles de familias sin piso y sin dinero, con especial impacto en la Costa del Sol y otras áreas turísticas».

Esta plataforma tiene todavía un importe semejante a los 8,2 millones de euros pendiente de resolución en los juzgados «y cada día se suman más afectados a la iniciativa», señaló, destacando que según la doctrina dictada por el Tribunal Supremo, «este tipo de acciones prescribiría en octubre de 2020, por lo cual el tiempo comienza a premiar a los afectados que todavía no se han decidido a reclamar». Según los cálculos de esta plataforma «en España puede haber hasta 50.000 familias afectadas por promociones sin entregar, de las cuales apenas el 50 por ciento habrá reclamado hasta la fecha». «El resto no lo ha hecho todavía por temor o desconocimiento, debiendo de explicarse que más del 95 por ciento de las sentencias son favorables al consumidor», dijeron.