Porras y Pomares demandan al Ayuntamiento de Málaga por exigir su dimisión

Los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares y el gerente de Urbanismo José Cardador han demandado al Ayuntamiento de Málaga por considerar que el acuerdo del pleno extraordinario del pasado 11 de marzo en el que se acordó pedir la dimisión de los tres, vulnera su derecho al honor y en consecuencia han presentado una demanda en el juzgado Contencioso Administrativo número 5 de la capital en el que piden al juez que declare la nulidad de dicho acuerdo.

En la demanda, los dos concejales y el gerente de Urbanismo que deberán comparecer como investigados por el caso Villas del Arenal, consideran que el acuerdo del pleno del día 11 de marzo, además de vulnerar su derecho al honor, "predetermina la culpabilidad" de ellos y les niega el derecho a la presunción de inocencia, ya que al votar y acordar la exigencia de dimisión demuestran "una genuina manifestación del principio de presunción de culpabilidad"

En aquel pleno y antes de votar, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, leyó un alegato donde advertía a los concejales de los grupos de la oposición de que «cuando voten estarán actuando contra el derecho y vulnerando nuestros derechos constitucionales».

El anuncio de la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte de los concejales se conoció ayer cuando la secretaría general del Ayuntamiento envió a los grupos municipales un escrito remitido por el juzgado de lo Contencioso número 5 para comunicar la existencia del recurso a los interesados, es decir a los concejales que votaron en el pleno emplazándolo para que puedan presentarse como demandados.

Villas del Arenal

En la sesión extraordinaria del pasado 11 de marzo, el pleno aprobó como único punto del orden del día exigir la dimisión de los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras y del gerente de Urbanismo, José Cardador. El acuerdo de pleno contó con los 14 votos a favor de los grupos de la oposición, frente a los 13 en solitario del PP.

El acuerdo es consecuencia de la implicación de los tres en el caso Villas del Arenal que, tras pasar por la Fiscalía, está en manos del juzgado de instrucción número 8 que ha citado como investigados (imputados) a los tres por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, por las presuntas injerencias políticas que ejercieron en la tramitación de los expedientes de infracción abiertos en la urbanización Villas del Arenal.