Esto da una idea de la situación que sufre el mercado del alquiler de viviendas en la capital, con precios por las nubes debido a la gran demanda y a una oferta disminuida, entre otras cosas, por la proliferación de viviendas turísticas. Muchos propietarios prefieren alquilar a turistas antes que a los vecinos de la ciudad, porque las rentabilidades se disparan.

Un estudio hecho público en octubre de 2018 de la consultora CBRE apuntaba al protagonismo del auge del alquiler en la ciudad, que subió un 40% desde 2013 hasta esa fecha y un 12% de media en relación a 2017. «Estas cifras se deben a la tensión generada entre la creciente demanda de vivienda de alquiler y la escasez de la oferta, principalmente», comentó la firma. La consultora afirmaba que en las grandes ciudades con un mercado de trabajo más dinámico (incluida, claro está, Málaga), la fuerte demanda de vivienda en alquiler y otras alternativas de arrendamiento más rentables (como el alquiler turístico) «están generando tensiones importantes sobre los precios».

El segundo plan se aprueba para dar respuesta a las familias en riesgo de exclusión social que no pudieron ser beneficiarias del primero de los planes por no hallar vivienda en la que implementar la ayuda. Este segundo proyecto tiene un año de vigencia y ayuda al pago de la renta durante un trienio, de forma que la renta máxima de alquiler de la casa será de 900 euros. La subvención municipal sube de 450 euros a 550 al mes, de forma que en el primer semestre se abona el 100% de misma, el segundo el 90% y así hasta llegar al sexto, con el 50%. La ayuda total a la familia suma 14.850 euros.

«Previa a la concesión de la ayuda debe constar el informe de un técnico cualificado, donde se informe sobre la idoneidad de habitabilidad de la vivienda y se ajuste al mercado de la renta de alquiler de la vivienda», explican, para añadir que se siguen demandando diversos compromisos por parte de las familias, además de los que se continúan pidiendo a las que ya se habían acogido a las subvenciones del primero de los planes. Entre otros, se exige «una mayor implicación en la búsqueda efectiva de empleo y de formación, debiendo acreditar cada año que ha cursado determinados cursos de formación y se ha presentado a determinadas entrevistas de trabajo, habiendo realizado un correcto currículum». En este segundo plan, se ha previsto una inversión de 2.552.000 euros.

Así, el 11 de septiembre de 2015, el Consejo Rector del IMV aprobó el primero de los planes, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 15 de octubre de ese ejercicio, con una vigencia de tres años y que luego fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha de finalización. El plan se dotó con 6,58 millones de euros en un principio, subiendo a 8,58 millones luego. «El plan consistía en otorgar una subvención directa, de carácter excepcional, en concurrencia competitiva en régimen abierto, para atender situaciones de emergencia, ocasionadas por la pérdida o posible pérdida de la vivienda. Las familias debían estar en situación o riesgo de exclusión y la renta máxima se estableció en 450 euros al mes. El total de ayuda por familia se situó en 13.050 euros.

Desde la entrada en vigor de la primera de las iniciativas y hasta el 31 de diciembre de 2018, se han tramitado 2.877 solicitudes: 791 fueron beneficiarias de la ayuda tras la firma del contrato de arrendamiento y, de ellos, 698 siguen disfrutando de la subvención y 93 fueron resueltos por adjudicación de vivienda o resolución del plan. El ritmo de aprobaciones de los planes y, por tanto, de contratos de arrendamiento firmados, ha sido de una media de 20 al mes. De los 8,58 millones de euros del programa se han ejecutado o comprometido con los 791 contratos firmados y los 698 aún vigentes 8,26 millones. El diagnóstico general es favorable. El IMV ha implementado un tercer plan de ayuda al alquiler para las familias cuya ayuda concluye a partir de octubre de 2018.