Los juzgados malagueños aún siguen lidiando con las consecuencias de la crisis económica que asoló la economía provincial entre 2008 y 2013 y con muchas de las prácticas bancarias abusivas que se pusieron en marcha en la época, como las participaciones preferentes o las cláusulas suelo. Así, los dos órganos específicos en los que se resuelven este tipo de demandas han recibido en dos años y medio (2017 -cuando se creó el primero-, 2018 y el primer semestre de 2019) en torno a 14.000 demandas, lo que implica, señala el juez decano de la capital, José María Páez, «que los togados trabajan a un ritmo exagerado».

En este sentido, explica, los cuatro jueces que hay en los dos juzgados han puesto en lo que va de 2019 un total de 2.200 sentencias, cuando lo normal es que un juez cualquiera de la jurisdicción Civil ponga en torno a 150 sentencias al año, ya que estos magistrados tratan con asuntos muy difíciles y de envergadura jurídica.

«Estos procedimientos de cláusulas suelo no son sencillos, la gente cree que se trata de procesos tasados, pero los bancos no dan una por perdida, luchan hasta el final y luego tienen la posibilidad de recurrir», indica, para añadir al tiempo que las vistas se están señalando ahora en los meses de febrero, abril y mayo de 2021, según el juez de que se trate. «Los jueces están trabajando intensamente, pero se tardará tiempo en resolver estos procedimientos y los que están por venir. Los asuntos están ordenados, encausadas y tramitándose pero hay retraso por la falta de medios. Se están resolviendo, pero hay que tener paciencia», subraya.

El juez decano recuerda que el problema de las cláusulas suelo lleva años en boga y, al principio, se resolvían en juzgados ordinarios de Primera Instancia y cuando comenzó a crecer el número de demandas de forma exponencial, la competencia se trasladó a los juzgados mercantiles, que llegaron a sufrir un colapso importante, no sólo por este tipo de demandas, pero, por supuesto, contribuyeron. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó cartas en el asunto y, dice Páez, «las encapsuló», es decir, creó juzgados especializados únicamente en resolver este tipo de procedimientos. «Nosotros nunca fuimos partidarios de esa solución», declara, porque a los pocos meses de nacer el Juzgado de Primera Instancia número 18 bis ya estaba saturado. Primero hubo un juez y unos cuantos funcionarios y, al tiempo, llegó otro juez. Esa oficina nació en 2017 y, sólo ese año, llegaron 5.719 demandas.

Como la avalancha seguía creciendo se creó otro juzgado, el número 20, también especializado en cláusulas suelo. «La progresión de crecimiento ha sido similar tanto en 2018 como 2019», dice. «Ante el colapso del bis, se creó otro juzgado, el 20, con dos jueces, en enero de 2018», indica.

El problema es la falta de infraestructura judicial, es decir, la queja eterna de los magistrados, la falta acuciante de medios humanos y materiales. «El problema son los picos, las avalanchas de casos, las situaciones extremas nos generan un verdadero problema», indica, y considera que «el mercado inmobiliario, es cierto, ahora se ha endurecido, las hipotecas ya no se conceden con la facilidad de antes, pero el dinero por el que se litiga tiene una repercusión positiva en la economía cuando se resuelve el procedimiento». Es más, admite que una gran parte de las sentencias son favorables al consumidor.

En su opinión, «no todo puede quedar en manos de los jueces». «Ya no se trata de llevar a cabo medidas de infraestructura judicial, sino también legales, hay que legislar sobre la cuestión», reflexiona el juez decano de la capital, quien insiste en un discurso propio ya conocido: Málaga necesita 27 juzgados para atender la enorme carga de trabajo. «Está todo en parálisis, no se crean juzgados, el año pasado se crearon sobre el papel dos, uno de Primera Instancia y un Penal, y no se van a poner en marcha, no se constituyen hasta 2020», critica, para indicar luego que hay muchas reformas legales, de planta o de medios que se han quedado en el tintero.