El portavoz del grupo municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, exige al equipo de gobierno de PP y Cs “la puesta en marcha un plan de acción urgente con medidas efectivas y dotadas de los recursos económicos necesarios para contrarrestar la emergencia habitacional que sufre Málaga con miles de familias víctimas de desahucios y numerosas personas que no tienen la posibilidad de acceder a este derecho esencial recogido en la Constitución”.
La petición de Adelante se respalda en los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esta misma semana y que sitúan a Málaga, con 1.270 lanzamientos, como la primera provincia andaluza en número de desahucios durante el primer semestre de 2019. Esas mismas cifras oficiales certifican la existencia de 4.606 lanzamientos habitacionales ejecutados en Andalucía durante los primeros seis meses del presente año, lo que supone una media de 26 desahucios diarios por impago de hipotecas o alquileres. Una especial importancia cobran los desahucios por impago de alquileres, que representan el 60% del total.
La confluencia malagueña considera que “el acceso a la vivienda es una auténtica emergencia social en Málaga, por lo que tiene que ponerse en el primer lugar de la agenda del gobierno municipal. De una vez por todas el gobierno del PP y Cs tiene que dejar de dar la espalda a la vecindad y priorizar los recursos y las políticas públicas para defender las necesidades esenciales de la población, como la vivienda”, demanda el concejal de Adelante Málaga, Nicolás Sgiglia.
La gravedad de la realidad de la emergencia habitacional en Málaga queda al descubierto a la luz de los datos oficiales que ofrece el CGPJ, ya que la provincia de Málaga aglutina el 28% de los desahucios producidos en Andalucía en los primeros seis meses del año. Muy lejos de los 1.270 desahucios de Málaga se sitúan los 740 de la provincia de Sevilla, la segunda provincia en el ranking en cuanto a número de desahucios.
Alquileres más altos que los sueldos
Dentro de esta crisis habitacional, un colectivo especialmente vulnerable son los jóvenes, ya que la cuantía que perciben como sueldo medio los jóvenes de entre 16 a 29 años en Málaga, situada en 892 euros, es inferior al precio medio de un alquiler, que se fija en 903 euros.
Sgiglia considera que “tras la estafa bancaria y la crisis la Junta de Andalucía y el Gobierno de España abandonaron el apoyo a la promoción de vivienda social. Y el Ayuntamiento de Málaga, a diferencia de otras grandes ciudades, no ha puesto en marcha medidas efectivas, más preocupado en proyectos megalómanos y especulativos como los del jeque Al-Thani o los rascacielos de El Puerto o los terrenos de la Repsol”.
La negligencia de las distintas administraciones, con el Ayuntamiento de Málaga, a la cabeza en materia de promoción de vivienda protegida queda desenmascarada con otras contundentes cifras oficiales, las del Colegio de Arquitectos, que reflejan que de las viviendas proyectadas en Málaga en el último año solo un 4% son VPO, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) obliga a un mínimo del 30%.
