La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha presentado esta mañana en Málaga, el Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Susana García y Yolanda Florido, vocales de la Junta Directiva de EAPN-A, han dado a conocer datos, a nivel autonómico y provincial, sobre pobreza y exclusión social, así como de los indicadores que influyen de manera directa.
Andalucía ha sido una de las comunidades que con mayor intensidad ha sufrido las consecuencias de la crisis. Un total de 75.000 personas han entrado en riesgo de pobreza y exclusión durante el año 2018. Un año más, el número aumenta en la comunidad y durante este año se llegó a sumar más de 3,2 millones de personas.
En la provincia, esta tendencia se refleja en los datos sobre indicadores como la vivienda, el empleo o la educación.
En materia de vivienda, Málaga se convierte en la tercera provincia andaluza que mayor número de solicitudes de viviendas protegidas registra, llegando a alcanzar las 23.854. La vivienda sigue constituyendo uno de los principales problemas de la comunidad, colocándose como el primer territorio, a nivel andaluz, en ejecuciones hipotecarias y lanzamientos por impago de alquiler. Estos factores, unidos al aumento en el precio de la vivienda y las viviendas con fines turísticos, dificultan el acceso a la vivienda de familias en situación precaria y se refleja en el aumento del 12%, respecto a 2017, de personas sin hogar. Más de un centenar de personas en situación de calle, según datos del recurso que las atiende, Puerta Única.
En lo referente al empleo, desde EAPN-A Málaga reivindican la máxima de que tener un empleo no garantiza calidad de vida. La estacionalidad es uno de los factores condicionantes y el que más preocupa a esta red. La provincia presenta unos niveles de temporalidad semejantes al total andaluz. La tasa de temporalidad en Málaga alcanza el 31,03%. Otro indicador a tener en cuenta en materia de empleo, es la brecha salarial situada en un 29,3% a nivel andaluz y en un 28,6% en Málaga. La situación actual del empleo en la provincia convierte a las familias monomarentales y monoparentales en especialmente vulnerables y aumenta el peligro de exclusión social de la población infantil.
La red enlaza esta problemática con el aumento del abandono escolar, que durante 2018 se situó en un 21,9%. Lejos de reducirse, como reflejaba la tendencia estimada para 2020, estos datos reflejan el alto porcentaje de abandono escolar en la provincia: "Necesitamos mucha más apuesta por parte de los gobiernos para que los niños y niñas en riesgo de exclusión social lleguen a dónde se propongan, que no abandonen sus estudios y tengan las mismas oportunidades que el resto", afirma Yolanda. Málaga, además, se posiciona como la primera provincia de Andalucía con mayor número de alumnado beneficiario de becas y ayudas al estudio, lo que refleja la cantidad de familias que necesitan una ayuda económica para acceder a la educación.
Pobreza en femenino
EAPN-A Málaga distingue un tipo de pobreza que afecta exclusivamente a las mujeres, debido a las desigualdades en materia de género. En este sentido, la red se refiere a la violencia de género como el máximo exponente de esta desigualdad. Andalucía es la comunidad con más mujeres víctimas de violencia de género y Málaga, la provincia andaluza que mayor número de denuncias registra.
La desigualdad de género se refleja también a nivel laboral y económico. Los datos de EAPN-A reflejan como la crisis ha forzado el acceso de la mujer al mercado de trabajo en un contexto de precariedad, detallan desde la red. La brecha salarial, afirman, sería una muestra de ello. En la provincia esta aumenta y se sitúa en un 28,3%.
Además, los datos de este estudio reflejan que, pese a la disminución en las tasas de paro, la tasa de paro femenina se sitúa en un 26,18%.
Con los datos de este informe sobre la mesa, desde EAPN-A Málaga demandan a las administraciones públicas una reforma de la Renta Mínima de Inserción, que implique su esfuerzo y una mayor agilidad en la gestión; la implementación de una estrategia municipal de vivienda, pobreza energética y exclusión residencial; la implementación de políticas públicas específicas de inclusión sociolaboral y la obligatoriedad de reducir el número de mujeres víctimas de violencia de género, así como medidas para incentivar a las empresas para reducir la brecha salarial por motivos de género.
