No a la tasa turística. Pese a que el equipo de gobierno afirmó a mediados de diciembre que estaba estudiando la imposición de la conocida como ecotasa en la ciudad y que su posible implementación se haría siempre con el consenso del sector, la edil de Turismo, Rosa Sánchez, ha confirmado lo que ya avanzó ayer el regidor malagueño, Francisco de la Torre: Málaga no la instaurará porque la ley se lo impide. O, mejor dicho, no hay marco legal al que acogerse para implementarla.

El asunto se ha tratado hoy en el Foro de Turismo, donde están representados los empresarios, las administraciones y las asociaciones sectoriales. Así, los asistentes han podido escuchar una charla de Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo, y de la profesora María del Mar Soto, también de la Universidad de Málaga, que han analizado técnicamente la tasa turística, que según la edil no debe llamarse así, sino "fondo de compensación turística". El área tiene dos estudios, uno de 2018 y otro de 2019: el primero hace referencia a una comparativa de las ciudades españolas que la han puesto en marcha y otro, de idéntica naturaleza pero en relación a las urbes europeas. "Como saben, el Ayuntamiento no puede poner en marcha esta tasa, debe ser la autonomía la que lo ponga en marcha", ha dicho, para añadir que "varios informes publicados dicen que allí donde se aplica una tasa no necesariamente baja el número de turistas, puedes encontrar informes con todo tipo de opiniones".

Preguntada por los periodistas sobre cuánto podría ingresar anualmente Málaga por una tasa así (teniendo en cuenta que Sevilla ingresaría unos cinco millones anuales), ha dicho que el Ayuntamiento no tiene ese dato. Barcelona, ha explicado, cobra 2,25 euros en sus hoteles de cinco estrellas por turista y pernoctación, idéntica tasa al que se paga en las empresas turísticas; en los hoteles de cuatro estrellas son 1,60 euros diarios. "Cada ciudad decide cómo aplicarlo". También se le ha cuestionado sobre si esos informes municipales están a favor o en contra de la tasa. "Ni a favor ni en contra -ha dicho-. Hay que partir de la premisa que como municipio no podemos aplicar esa tasa. La discusión se cierra por sí sola. Aunque quisiéramos tendría que ser la comunidad la que estableciese esa tasa y luego cada municipio tendría que decidir". "Podemos esperar a una que una ley estatal lo establezca o bien que sea la comunidad autónoma la que lo regule". Sobre si Málaga está, entonces, a favor o en contra de la tasa, dijo que la ciudad "no está en esa fase, hay una legislación que hay que cumplir y, hoy por hoy, la legislación no nos lo permite". Tampoco se plantea pedir un cambio normativo.

La ciudad tuvo el año pasado más de un millón de visitantes y considera Sánchez que es un tema del que hay que debatir. En el foro, ha dicho, "no hay ni una postura a favor ni en contra. Desde el punto de vista municipal no podemos poner en marcha esta tasa".

La vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, ha indicado que la tasa turística "trasciende la capacidad regulatoria municipal para que, o bien desde el ámbito autonómico o bien desde el nacional, con una modificación de la Ley de Haciendas Locales, se pueda implementar". Ello, precisa, incide o "tiene consecuencias sobre la actividad económica, hemos podido ver también que es un gravamen que efectivamente incide sobre la actividad turística en las ciudades, y tiene distintas formas de incidir; eso al final nos puede llevar a que la finalidad de la aplicación del tipo de gravamen tenga que ver incluso con una incidencia en esa actividad turística, en qué tipo de turista puede venir, en qué entrada a la ciudad se puede gravar, y también tiene consecuencias en función de quién lo recaude, al respecto de qué responsabilidades asumen esos sectores empresariales".

En su opinión, la valoración que debe hacerse antes de aplicar una tasa turística es la incidencia que pueda tener sobre la actividad económica "y la llegada de turistas", porque la actividad económica que se genera con la llegada de turistas y lo que estos generan en cuanto a actividad empresarial no sólo tiene una trascendencia en los ingresos, vía impositiva, "con impuestos que pagan las propias empresas, sino que a su vez esa actividad turística supone empleo y riqueza añadida, más allá de los ingresos fiscales".

Desde su punto de vista, los ingresos han de ser finalistas, de cara a que las ciudades con más visitas puedan asumir el mantenimiento "de ciertos costes o abordar nuevas infraestructuras, lo que pasa es que es verdad que hay impuestos locales que, abordándolos, como puede ser un IBI o cualquier otro, también pueden ayudar a recabar nuevos ingresos". El debate está "muy verde" y hay que ver qué incidencia podría tener la tasa en la competitividad del destino "con respecto a otros que también la aplicaran".