23 de abril de 2020
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Actualizado: 28-04-20 10:57h
Acceso

Abogados recién graduados piden que se suprima el examen de acceso

Proponen, si ello no es posible, que la prueba se haga de forma telemática - En Málaga hay 160 letrados afectados por la suspensión de la prueba

23.04.2020 | 05:00
Abogados ejercen en la Ciudad de la Justicia.

El MIR jurídico fue apoyado por el sector

  • Las pruebas de acceso a la abogacía se impusieron hace unos años para tratar de fijar un filtro de calidad de cara a quienes querían ejercer como abogados y son test que se realizan, por cierto, en otros países de la Unión Europea y anglosajones. La propuesta contó con el apoyo cerrado de la profesión en su día, no sólo de los colegios profesionales, sino también de las diferentes asociaciones de este ámbito. Se vendió como un MIR jurídico.

Los abogados recién licenciados, desde hace unos años, tienen que someterse a un examen para acceder a la profesión tras acabar el Graduado en Derecho y hacer el correspondiente Máster de Abogacía. Este año, la crisis sanitaria derivada del coronavirus les ha impedido someterse a esta prueba, fijada el 28 de marzo, un test que organiza el Ministerio de Justicia. El estado de alarma también acabó con sus ilusiones de poder ejercer pronto esta profesión y ahora están en un periodo de «incertidumbre»sin ver salida alguna a su situación. En España, son más de 6.000 alumnos los que consideran estar «en el limbo jurídico». Han emitido una nota en la que piden que se les exima de hacer esa prueba y se les conceda la habilitación general.

En el caso de que ello no fuera posible para el Gobierno y el Ministerio de Justicia, reclaman que les dejen hacer el examen por medios telemáticos. En Málaga, explica el diputado de Formación del Colegio de Abogados, José Manuel Conejo, son 160 los letrados afectados, que son los que están cursando ahora mismo el Máster de Abogacía que imparten de forma conjunta la institución colegial y la Universidad de Málaga. «Esto debe de solucionarlo el Ministerio de Justicia y darle a estos letrados una solución telemática, tendrían que haber hecho el examen en marzo y ya se van a finales de año o principios del año que viene», señala Conejo, quien indica que los letrados que pasan por el máster están más que preparados porque el programa tiene una gran carga práctica con juicios simulados y competiciones de juicios. «Es cierto que desde hace años se someten a un examen estatal», dice, pero insiste en que hay medios telemáticos de sobra para hacer la prueba, por ejemplo dar un tiempo limitado para cada respuesta y luego bloquearla.

Asegura que el Colegio malagueño no ha recibido una petición específica, pero sí les ha llegado la noticia a través de ambos grupos. Recalca, por ejemplo, que el máster del colegio provincial era presencial en un 80% y lo han reconvertido en online. Son 160 abogados recién licenciados los que cursan el segundo año de este programa de postgrado los que, en un principio, estarían afectados en Málaga, aunque podría haber más.

En la nota de prensa remitida a este periódico, los representantes de 6.000 aspirantes a ejercer la abogacía dicen haberse organizado. «Todos y cada uno de los aspirantes hemos cursado el Grado de Derecho, que tiene una duración mínima de cuatro años, y un Máster de Acceso a la Profesión, que dura un año y medio, en el cual los alumnos, entre otras cosas, cursamos un largo periodo de prácticas en despachos de abogados, teniendo así contacto directo con la profesión, y adquiriendo experiencia en el mundo laboral», explican, y agregan que, con todo ello, «el posterior requisito de realizar el examen obligatorio de aptitud resulta un trámite innecesario, en tanto que mediante la realización de dicha prueba no nos otorga ni hace que perdamos experiencia profesional, y no demuestra que estemos ni más ni menos preparados para ejercer la profesión de abogado. Además, la realización de dicho examen, que se asemeja a una oposición, en ningún momento nos garantiza una plaza, ya que la abogacía resulta una profesión liberal».

Por ello, piden, tras insistir en que representan a la mayoría de los estudiantes de las universidades españolas, que «se faciliten medidas al igual que se ha hecho en los restantes ciclos académicos y se proceda a concedernos la habilitación general para el ejercicio de la abogacía, que supone un requisito imperativo para colegiarnos a la mayor brevedad posible, pues creemos que contamos con los conocimientos necesarios, tras la superación de un grado y de un máster habilitante». En el supuesto de que se estime que la habilitación general no es posible, «los aspirantes solicitamos que procedan a realizar el examen por medios telemáticos, puesto que su realización es posible por estos medios».

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