El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han firmado un convenio de colaboración con las asociaciones bancarias AEB, CECA (donde se integra la malagueña Unicaja Banco) y UNACC por el que las entidades de crédito podrán adelantar el pago de las prestaciones por desempleo a las personas afectadas por la actual crisis sanitaria.

El objetivo es aliviar el impacto negativo que esta situación puede provocar en la renta disponible de los afectados y contribuir así a paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus sobre los colectivos más vulnerables, destacaron ayer los firmantes. El convenio suscrito fija el procedimiento que deberán seguir las entidades que se adhieran voluntariamente a la iniciativa. Tendrá una duración inicial de tres meses prorrogable por el mismo período. El tipo de interés aplicable a la operación será del 0% y no existirá ningún tipo de comisión por realizar esta operación, ni se exigirá ninguna garantía para su cobro.

Con esta iniciativa, las personas cuya prestación por desempleo haya sido reconocida por el SEPE no tendrán que esperar hasta el día 10 del mes siguiente para cobrar la prestación, como se venía haciendo hasta el momento.

El procedimiento que se seguirá consiste en que el SEPE, tras reconocer la prestación, se lo comunicará a la entidad financiera, que a partir de ese momento ofrecerá el anticipo directamente a los beneficiarios para que dispongan del dinero con antelación y puedan así hacer frente a sus gastos.

Los potenciales beneficiarios de los anticipos considerados en este convenio serán los trabajadores a los que el SEPE reconozca una prestación o subsidio por desempleo desde el 1 de mayo, con efectos económicos retroactivos al inicio de esta crisis sanitaria.

Las asociaciones bancarias resaltaron que «una vez más» las entidades de crédito han ofrecido «su total cooperación» a las autoridades para aliviar los efectos económicos de la crisis sanitaria y han reafirmado su compromiso de articular medidas de apoyo a las personas afectadas por el parón de la actividad y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.