La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobó el pasado 22 de mayo seguir adelante con el proceso de municipalización de la empresa de limpieza de la capital, Limasa, hasta ahora una sociedad mixta, cumpliendo así la promesa del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de hacer pública una sociedad a todas luces estratégica para la urbe. El caso es que las relaciones entre los socios privados y el Ayuntamiento comenzaron a agriarse entonces y las aguas se desbordaron el pasado viernes cuando estos anunciaron la interposición de un recurso contencioso-Administrativo contra las decisiones del Consistorio. El equipo de gobierno, en un informe interno, ha llegado a tachar de «actitud obstruccionista» el comportamiento de los privados.
El martes mismo, el Consistorio emitió una nota de prensa en la que venía a decir que, pase lo que pase, la nueva sociedad, llamada Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal (Limasam), echará a andar el 1 de julio. Y requería a los privados, que controlan hasta ahora el 51% de la empresa (por el 49% del Ayuntamiento), para que pusieran a disposición de los responsables del Consistorio las instalaciones, maquinaria y trabajadores correspondientes con el fin de que la empresa pública pueda a echar a andar (PP, PSOE, Cs y Adelante Málaga han apoyado, con matices, la municipalización de la actual Limasa).
El informe en cuestión fue a la Junta de Gobierno Local del jueves donde se reiteró el requerimiento a los socios de Limasa, está firmado por un alto cargo de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, y asegura: «Es necesario y urgente que la Junta de Gobierno Local inste de nuevo a los órganos societarios a la entrega de los bienes y hacer valer este derecho incluso ante la jurisdicción competente si fuera necesario con objeto de poder iniciarse el servicio con la nueva empresa en esa fecha, ante la gran cantidad de operaciones y procedimientos que deben realizarse». Y añade: «En la ya referida sesión del Consejo de Administración de Limasa III, celebrado el 12 de junio pasado, se puso de manifiesto una actitud obstruccionista por parte de los socios privados para la puesta en marcha, de forma efectiva, de la nueva forma de prestación del servicio. En particular, negaron la ejecutividad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, basándose en el recurso contencioso-administrativo que tienen planteado».
El uso de esa expresión, «actitud obstruccionista» en un informe interno, contrasta con las palabras del regidor ayer en rueda de prensa, que al ser preguntado por el asunto, recalcó que los socios acabarán viendo que la ciudad ejerce «su legítimo derecho» a cambiar de modelo; luego, indicó, «se liquidará la empresa», de un modo objetivo, eso sí, y «no debe pasar nada más». Es más, son empresas con las que el Ayuntamiento seguirá contratando y que hacen «marca de país fuera de España». «Tenemos que avanzar, el 1 de julio estará operativa (la nueva empresa)», señaló. Es decir, el regidor malagueño quiso apagar ayer el fuego generado por la nota de prensa del Ayuntamiento y, claro, por la decisión de la parte privada de irse a los tribunales. Los privados se agrupan en la empresa Serurma, Servicios Urbanos de Málaga (FCC, Urbaser y Sando ostentan la mayoría).
La Junta de Gobierno Local reiteró a Limasa III el pasado martes el requerimiento para que ponga a disposición del Ayuntamiento al personal, bienes, elementos, instalaciones y material afectos al servicio. Este requerimiento se hace en base al artículo 22 del pliego de condiciones económico-administrativas que rige el contrato. Se solicita que se haga con la antelación suficiente para que la nueva entidad lo asuma el día 1 de julio de 2020.
