La confluencia de IU y Podemos en el Ayuntamiento, conocida como Adelante Málaga, ha presentado una moción, a debatir en la Comisión de Economía y Hacienda de este jueves, en la que insiste en una antigua petición de la marca: que el equipo de gobierno elabore un mapa de las viviendas turísticas de la ciudad con vistas a, tras el estudio y análisis de la información resultante, “fijar una moratoria de un año como mínimo para volver a otorgar licencias de inicio de actividad” para viviendas de uso turístico.

Asimismo, insta la confluencia al equipo de gobierno a poner en marcha “un plan sistemático y eficaz de inspecciones permanentes en las viviendas de uso turístico en relación con el cumplimiento, tanto por parte de los propietarios de los inmuebles como de los huéspedes, de las medidas sanitarias para garantizar la seguridad frente a la prevención de contagios por Covid-19”. Hay más acuerdos: instar a la Junta de Andalucía a elaborar un catálogo de normas sanitarias de uso y un plan específico de prevención de riesgos para su aplicación obligatoria en viviendas turísticas.

En este sentido, reclaman además al equipo de gobierno local implementar un programa de incentivos para estimular que las viviendas de uso turístico pasen al alquiler residencial, incluyendo mecanismos como cargas fiscales a los apartamentos turísticos y estímulos a los alquileres residenciales de largo plazo. Por otro lado, exigen al Ayuntamiento que ponga en marcha un proceso participativo que cuente con los colectivos vecinales, en especial de las zonas con mayor densidad de viviendas turísticas, es decir, el Centro Histórico y el Soho, y de representantes de todos los grupos políticos con representación municipal, con el objetivo de compartir y debatir propuestas para la mejora de la convivencia y las garantías sanitarias para la prevención de contagios por el Covid-19.

La moción, presentada hoy por el edil Nicolás Sguiglia, refleja que en la capital hay 6.200 de las más de 40.000 viviendas turísticas de la provincia, con una oferta que, en cuanto a plazas de alojamiento, supera las 30.000 unidades. “Aunque en la realidad cobran una mayor dimensión, pues existe un número similar de viviendas no legalizadas para esta actividad operando en la ciudad”, consta en la moción de IU y Podemos.

Estas viviendas, indica la confluencia, se están convirtiendo, en el marco de sus comunidades, en un foco de inseguridad sanitaria, “por la falta de regulación e inspección existente, lo que motiva la preocupación de las personas residentes en edificios que albergan estos pisos”, que, añade Adelante, “claman por una intervención efectiva de las administraciones competentes, la Junta y el Ayuntamiento”.

Cabe recordar que la Junta emitió hace unos años un decreto que, finalmente, no ha ordenado el sector y el Ayuntamiento, como anunció Rosa Sánchez, edil de Turismo, tras la reunión de la mesa sectorial que agrupa a los operadores de esta actividad, rechaza regular al respecto porque dice no tener competencias. Es el Gobierno el que debe hacerlo, fue la respuesta del equipo de gobierno.