La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado formalmente la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Oficina del Derecho a la Vivienda que “acumula más de un año de retraso desde su última sesión en el mes de octubre de 2019, a pesar de la situación de emergencia social, económica y habitacional que sufre la ciudad, agravada por los efectos de la pandemia de Covid-19”.
La concejala portavoz adjunta de la confluencia, Paqui Macías, denuncia que “no se convoque este espacio de coordinación en relación con un asunto trascendental como el derecho a la vivienda, a pesar de que son muchas las personas que sufren desahucios o están en situación de amenaza de desahucio en nuestra ciudad. El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado y debe actuar con contundencia y transparencia, desde nuestro grupo queremos estar al corriente de la gravedad de la situación, conocer qué medidas se están tomando, cuáles son las necesidades y aportar propuestas y comprometernos en favorecer el derecho a la vivienda y frenar los desahucios. Se trata de un grave problema social que hay que visibilizar para que cobre la dimensión pública que requiere y no ocultarlo sin convocar la Comisión como está haciendo el alcalde”.
Macías recuerda que “el pasado viernes asistimos al desahucio de una mujer y sus padres enfermos en la Carretera de Cádiz. Allí mismo supimos que ese día se estaban produciendo otros dos desahucios en Málaga. Y que otros desahucios acontecen a diario en nuestra ciudad, sin que se convoque la Comisión de Seguimiento que es clave para obtener información y coordinar acciones en defensa del derecho constitucional al acceso a la vivienda”.
El concejal portavoz de la confluencia, Eduardo Zorrilla, explica que “con el decreto del Gobierno Central para la protección en materia de vivienda para las personas afectadas por los efectos económicos de la pandemia se ha logrado reducir el número de desahucios como demuestran los datos de la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que revelan que mientras entre enero y marzo se produjeron 414 desahucios, la cifra se redujo a 59 entre abril y junio. Pero la gravedad que está suponiendo la extensión de la pandemia va a provocar un aumento en la imposibilidad material para afrontar el pago de la vivienda para muchas familias, por lo que urge una implicación desde todos los ámbitos, por supuesto, el municipal no puede quedarse al margen”.
