Los vuelos de drones despegan en Málaga

Para intentar evitar todas estas situaciones están los agentes especializados en Seguridad y Protección Aérea, un equipo que depende del Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional y cuyas oficinas están junto al hangar de la Base Aérea de Málaga en el que descansa el helicóptero del cuerpo. Los principales cometidos de esta reciente unidad se sostienen sobre tres patas: controlar la correcta gestión burocrática de los vuelos de los drones y garantizar que se hacen de forma segura; neutralizar los que supongan una amenaza; y dar apoyo con sus dispositivos a otros grupos de investigación en operaciones que requieran cobertura aérea diferente a la que ofrece el helicóptero.

Jesús y el oficial Santiago confirman las sospechas de La Opinión. El vuelo de drones en las demarcaciones de este cuerpo en la provincia de Málaga han crecido de manera exponencial, sobre todo en los últimos tres años, hasta convertirse en la zona andaluza con más vuelos legales e ilegales. Para ejemplo, la estadística. Entre mayo y diciembre de 2020 no llegaron a 50 las operaciones comunicadas a este grupo, mientras que durante todo el 2021 sumaron 500 comunicaciones, cifra que ya se ha alcanzado entre enero y mayo del presente año. Según los agentes, la mayoría de las operaciones, prácticamente un 80%, están orientadas al otra vez poderoso sector de la construcción, ya sea para supervisar las obras o publicitar el producto final. A nivel profesional también destaca el rodaje de anuncios o de películas y series.

Después están los vuelos recreativos, una actividad que engloba a personas particulares que en la mayoría de los casos utilizan aparatos con un peso inferior a 250 gramos y que, al contrario de lo que piensan muchos usuarios, también están sujetos a la norma, más aún cuando llevan cámaras. De hecho, según los datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la mayoría de las sanciones vienen por esta vía. De las 8 multas impuestas el año pasado en la provincia relacionadas con el uso de drones, seis fueron por incumplir los requisitos para realizar operaciones recreativas y dos, por volarlos sin estar habilitado para el pilotaje. Las ocho sanciones sumaron casi 15.000 euros.

Los policías nacionales remarcan que su función no es multar. «Los operadores tienen la obligación de comunicar sus operaciones en la plataforma del Ministerio del Interior con al menos diez días de antelación. Esta nos traslada esa petición y nosotros valoramos los riesgos del lugar elegido para operar. Contactamos con los interesados, comprobamos la documentación y el motivo del vuelo y si es necesario lo supervisamos», explica Jesús. En el caso de detectar una infracción, los agentes elaboran informes sobre las condiciones en las que se ha realizado una operación y los riesgos que ha provocado y Aesa es la que valora e impone sanciones. Entre las personas que no realizan una actividad comercial y no tienen conocimientos aeronáuticos oscilan entre los 60 y los 225.000 euros. Entre los profesionales y expertos en aeronáutica, la horquilla va de los 4.500 euros a los 225.000 euros. Entre estos últimos puede estar un hombre que la pasada Semana Santa fue sorprendido en Marbella volando un dron para grabar imágenes de una procesión para una televisión. Jesús y Santiago recuerdan que no sólo operó en el área de seguridad del helipuerto de la ciudad y en una zona restringida al vuelo fotográfico, sino que además lo hizo sobre en un punto de calles estrechas repletas de personas. Los agentes advierten de que la caída del dispositivo en una situación así, además de lesionar a alguien, podría provocar un efecto de pánico sobre la masa de imprevisibles consecuencias.

Volar drones no es un juego, por mucho que se puedan adquirir en cualquier tienda. Mucho menos en Málaga, donde la influencia del aeropuerto restringe mucho esta actividad y mete en la ecuación de las autorizaciones a Enaire, el gestor de navegación aérea de España. De obligada consulta es https://drones.enaire.es, web que ofrece dos mapas (uno para vuelos recreativos y otro para profesionales) con los diferentes grados de restricciones y condiciones para poder hacerlo con autorización. En el caso del aeropuerto malagueño, el espacio aéreo controlado es un gran rectángulo que, sólo en la costa, cubre desde el límite entre Fuengirola y Benalmádena hasta La Cala del Moral (Rincón de la Victoria). De sur a norte, el color rojo cubre parte del Mediterráneo y se adentra hacia el interior, casi hasta Campillos, el pasillo de entrada y salida de los vuelos comerciales. El mapa también marca otras zonas como los espacios naturales protegidos. Tanto para profesionales como para aficionados, hay unas reglas de oro: no volarlos a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto, no superar los 120 metros de altura y que el aparato esté siempre al alcance visual del piloto.

Los policías aseguran que en la capital, las zonas donde más casos irregulares se detectan son el Muelle Uno del Puerto de Málaga, Gibralfaro y la zona del Centro más próxima a la capital. En el primer caso, los usuarios creen que el hecho de ser un espacio muy abierto les favorece, pero los agentes advierten de que es una zona especialmente sensible. Además del entorno urbano al que pertenece, el puerto es una zona de trabajo de buques mercantes y de pasajeros, por lo que cualquier incidente que afecte al tráfico de ambos sectores tendrían un gran impacto económico. Recuerdan un caso que quedó impune durante la visita a Málaga de uno de los cruceros más grandes del mundo. Alguien, probablemente un pasajero del buque, hizo volar un dron alrededor del barco y en una zona de afluencia de público que dio la voz de alarma, aunque a la llegada de los agentes fue imposible localizar el aparato ni al piloto. En el resto de la provincia, los vuelos irregulares se centran en zonas de playa, en ocasiones por turistas europeos que alegan que en su país no tienen las mismas restricciones, cuando la realidad es que la normativa es para toda la Unión.