Protestas

Abogados y procuradores de Málaga se manifiestan frente a la Ciudad de la Justicia

Los juristas exigen "pensiones dignas" y, para ello, una pasarela que les permita abandonar la mutua y pasarse al sistema de cotización público

La semana que viene se reunirán con el Defensor del Pueblo

Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Abogados y procuradores mutualistas de la provincia de Málaga se han manifestado esta mañana frente a la Ciudad de la Justicia para exigir "pensiones dignas", después de que un cambio en el funcionamiento de su sistema de cotización les esté dejando prestaciones de 200 y 600 euros.

Las consignas que estos juristas han lanzando durante la concentración han insistido en la necesidad de establecer una normativa que permita el paso de la mutua al sistema de cotización público, el RETA -Régimen Especial de Trabajadores Autónomos-, aunque respetando los años cotizados y las cantidades que los afectados han ido aportando a la mutua durante toda su vida profesional.

Asimismo, como ya relató la portavoz de los abogados mutualistas afectados, María José Cerdán, se sienten abandonados por los colegios oficiales, que no están mediando en el conflicto.

El movimiento #J2, que engloba a todos los juristas afectados por el cambio de funcionamiento de la mutua -que pasó a ser un fondo de pensiones individual- ya ha adelantado que no será la última concentración y que seguirán organizando acciones reivindicativas si las administraciones públicas no les dan una solución.

Protesta de los mutualistas y abogados

Protesta de los mutualistas y abogados

Defensor del Pueblo

De hecho, según ha informado la portavoz de los abogados afectados, María José Cerdán, el próximo martes se reunirán con el Defensor del Pueblo para exponerle la situación en la que se encuentran más de un millar de abogados y entre 200 y 300 procuradores malagueños, así como en el resto del país.

Además, también están planeando una asamblea el jueves para crear unas comisiones de trabajo. "Y ahora mismo esperaremos a que se forme el gobierno a nivel nacional, que queremos tener la mayoría de PNL aprobadas en las comunidades autónomas y a partir de ahí, reunirnos con los políticos".

Al respecto, el Parlamento andaluz ha aprobado recientemente y de forma unánime por todos los diputados, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo Por Andalucía para que el Gobierno permita un trasbase "temporal" y "voluntario" de las cantidades cotizadas en la mutua hacia el régimen público, así como que se apliquen complementos a los abogados ya jubilados para que alcancen la pensión mínima".

Con este respaldo político a nivel regional, que se está extendiendo por el resto de comunidades, los letrados esperan poder negociar con el Gobierno central después de las elecciones generales y la conformación del nuevo gobierno.

Protesta de los mutualistas y abogados

Protesta de los mutualistas y abogados

¿De dónde viene el problema?

Hasta 1995, para los abogados y procuradores era obligatorio unirse al sistema de cotización privado, la mutua, cuando los juristas se colegiaban, por lo que se les cerraba la puerta para entrar en el sistema público, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

A partir de ese año, la mutua comienza una "transformación". Los letrados tanto de nueva incorporación como los que ya estaban sufragando la mutualidad podían decidir pasarse al RETA. En 2005, la Mutualidad de la Abogacía decide en asamblea pasar a funcionar como un sistema de capitalización individual, como un fondo de pensiones, por lo que las aportaciones de los mutualistas no irían a un fondo común sino a su propio plan de jubilación.

Este cambio en el funcionamiento de la mutua está resultando en que los letrados que llegan al final de su etapa laboral e inician la jubilación, se encuentran con pensiones mínimas, que oscilan entre los 200 y los 400 euros, por lo que en muchos casos se están viendo obligados a atrasar el momento de retirarse. Cabe recordar que la pensión mínima en España, sin cónyuge a cargo del pensionista, está en 743 euros, y asciende hasta los 966 euros cuando si tiene una persona dependiente.