Los constructores de Málaga creen que la declaración responsable abre el camino a la agilización urbanística

El Ayuntamiento de Málaga se encuentra inmerso en la modificación de la ordenanza Reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas (ORTLU), que incorporará dos novedades importantes.

Por un lado, se ampliarán los supuestos en los que los arquitectos y promotores podrán presentar una declaración responsable -un procedimiento administrativo que permite iniciar la actividad desde el día de su presentación, según recoge la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas- en lugar de solicitar una licencia, por lo que se acortarán los tiempos de tramitación, ya que la licencia sí requiere de una resolución explícita autorizando o denegando la actividad, ya sea de obras, cambio de uso...

Según explicó la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, la declaración responsable se ampliará para, por ejemplo, los movimientos de tierra o las demoliciones.

Consultado por este periódico, el sector constructivo bendice esta modificación ya que considera que la declaración responsable es el «camino» hacia la agilización de la tramitación urbanística.

«Me parece que es una fórmula de optimizar recursos contando siempre con todas las garantías que hagan falta para que las empresas cumplan con las declaraciones que hacen y que en caso contrario, por supuesto, se sancione a las que no lo han hecho», sostiene la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga.

A modo de ejemplo, Aragón recuerda la declaración responsable de primera ocupación, que funciona «correctamente» desde hace años.

«Luego existe un control posterior de la Administración para verificar que, efectivamente, las viviendas se han entregado tal y como se había firmado en la declaración responsable, pero en principio te permite seguir avanzando en el proceso sin tener demoras», añade.

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez, sostiene que es una medida que supondrá un «ahorro de tiempo» y que estará controlado mediante «comprobaciones de oficio» por parte de los ayuntamientos, como se recoge, recuerda en el decreto de simplificación y racionalización administrativa aprobado por la Junta de Andalucía, que tiene en cuenta la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA).

«Los ayuntamientos harán comprobaciones de oficio, por ejemplo, en lo que serían obras comunicadas y declaraciones responsables, es decir, se regula lo que son las comprobaciones de oficio», explica la presidenta.

Filtro previo

Otra de las novedades que incorporará la nueva ordenanza es la posibilidad de que los promotores recurran a los colegios profesionales malagueños o bien contraten a entidades de colaboración urbanística (ECU), en ambos casos de forma voluntaria, para que estos se encarguen de revisar la documentación técnica antes de que entre en la Gerencia de Urbanismo.

El objetivo es garantizar que los expedientes que llegan a Urbanismo están completos y conforme a la normativa para evitar así las subsanaciones que acaban retrasando su tramitación.

Según señala Gómez, el colegio se encuentra ahora inmerso en la «protocolización» de este procedimiento con el Ayuntamiento de Málaga, un sistema que esperan que arranque antes del verano.

«Es un mecanismo que yo creo, no sé si será de manera temporal o definitiva, que puede ayudar a agilizar estos trámites y a dar respuesta en tiempo y forma al ciudadano», continúa la presidenta de los arquitectos de Málaga, que defiende que su institución cuenta con los medios técnicos y humanos para desempeñar esta labor. «Los colegios profesionales venimos haciendo supervisión de los proyectos de siempre, estatutariamente es una de las misiones que tenemos, revisar los proyectos para verificar, primero, que el profesional está acreditado, cualificado y habilitado para desarrollar el trabajo que presenta, y segundo, que los proyectos cumplen con toda la normativa, por ejemplo, con el código técnico».

Esta medida también ha sido bien recibida por parte de ACP, que considera que puede aliviar los «cuellos de botella» y recortar los tiempos de tramitación para la construcción de viviendas, aunque Violeta Aragón avisa: «Las entidades colaboradoras tienen que inscribirse y tienen que tener una serie de condiciones y una serie de responsabilidades. O sea, que no vale cualquier informe para sustituir al informe del técnico municipal, hay que cumplir una serie de requisitos».

La secretaria general de ACP considera que «ahora mismo muchos de los colapsos son, a lo mejor, porque existe esa falta de personal suficiente para evacuar los informes con tiempo. Entonces, si se permite a la propia empresa que declare responsablemente que lo está haciendo correctamente sin tener un control previo sino una supervisión posterior, o se permite que haya entidades certificadas que puedan hacer esas verificaciones que ahora mismo hacen los técnicos, pues al final siempre, evidentemente, vendrá a agilizar».

Sobre este filtro previo se ha pronunciado también recientemente la plantilla de trabajadores de la Gerencia de Urbanismo, que insisten en que los retrasos se producen por la mala organización de los recursos humanos y que se pretende compensar con la externalización de las tareas de los funcionarios. «¿Cuál va a ser nuestra función allí?», se preguntaban, al tiempo que temieron que se acaben convirtiendo en unos «meros gestores de contrataciones externas».

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