Los grupos municipales de PP, PSOE, OSP e IU en el Ayuntamiento aprobaron ayer en el pleno de marzo emprender acciones judiciales y administrativas contra la resolución en la que la Tesorería General de la Seguridad Social deja sin efecto un acuerdo firmado en 2012 para que el Consistorio pague la deuda originada durante los gobiernos del GIL en un plazo de 40 años y al 1 por ciento de interés.
La Seguridad Social reclama también los cerca de 15 millones de euros que ha ingresado el Ayuntamiento procedentes de casos judiciales por corrupción con sentencia firme -12 aportados por la Audiencia Provincial de Málaga procedentes de la responsabilidad civil a la que fue condenado el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca; y 2,3 entregados por la Audiencia Nacional por los casos Saqueo I y II-- y todas las cuantías con el mismo origen que reciba el Consistorio en el futuro.
El objetivo del equipo de gobierno era emplear esos fondos en la construcción de una residencia pública de mayores y una Escuela de Danza en el núcleo urbano de San Pedro y habilitar nuevas dependencias para la Escuela Oficial de Idiomas.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acusó al Gobierno central de actuar «con una deslealtad impropia de una administración» y aseguró que «llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que Marbella pueda seguir recibiendo los bienes y derechos económicos que legítimamente le corresponden».
La oposición aseguró que la Seguridad Social reclama los fondos porque la alcaldesa recibió un cheque con los 12 millones de euros de la Audiencia Provincial antes de que entraran en vigor los Presupuestos del Estado de 2018, que contemplaban una disposición final que permitía al Ayuntamiento destinar a servicios públicos municipales los bienes y derechos de procedimientos judiciales por corrupción con sentencia firme.
«Muñoz se precipitó al recoger el cheque al buscar la promoción personal y no mirando por el interés general de los vecinos. Se tenía que haber esperado a los Presupuestos», denunció el concejal del PSOE, José Bernal.
