Nunca pudo sospechar que la compra de un vehículo, hace más de 21 años, pudiese desembocar en la pesadilla que el próximo martes amenaza con hacerse realidad. Rafael Cortés, un vecino de Alhaurín el Grande que a sus 60 años ha visto cómo una trombosis acabó sesgándole el año pasado las dos piernas, y que sufre bronquitis y asma crónicas, tendrá ese día que abandonar su casa junto con su esposa y su hijo menor de edad. El motivo, una orden de desahucio que se ejecutará por algo que él considera sencillamente «una estafa».

La financiera del vehículo que compró en agosto de 1991 por casi un millón y medio de pesetas, le reclama ahora un total de 45.447,37 euros por la deuda e intereses de un Fiat Tipo que sólo disfrutó seis meses, ya que se quedó parado (era albañil) y entregó el coche pensando que con ello saldaría el préstamo. O al menos eso creyó hasta que en 1993 supo que no se había cancelado.

Rafael Cortés cuenta que adquirió el coche nuevo de un amigo que se arrepintió de comprarlo al poco tiempo de tenerlo. Para ello, se realizó un segundo contrato de financiación a modo de subrogación, esta vez a nombre del propio Rafael y con su amigo como fiador en dicho contrato. Pero el coche nunca se llegó a poner a su nombre.

Según explica, seis meses después de comprar el vehículo, Rafael decidió entregarlo para que fuese vendido como pago de su préstamo. Lo entregó a la financiera por medio de su amigo, y ésta a su vez hizo una tercera venta del coche para recuperar su importe. Pero el desembolso de la tercera compraventa nunca fue aplicado a cancelar el préstamo de Rafael.

«El coche se vendió y el préstamo no se canceló. Y ahora me buscan a mí», se lamenta este alhaurino, que tendrá que abandonar la casa que él mismo levantó cuando tenía 17 años en pleno barrio del Bajondillo, un núcleo muy deteriorado de Alhaurín el Grande poblado casi en su totalidad por vecinos de etnia gitana.

Para Rafael, este hecho supondrá un duro mazazo. «Mi casa no vale nada, está llena de grietas y humedades, y además este suelo está calificado como zona verde, no sé qué van a ganar con esto», explica, mientras difícilmente logra contener las lágrimas.

Una vivienda sobrevalorada. A pesar de todo, un dictamen pericial judicial estima el valor de la casa en 226.871,42 euros. Una tasación que le parece exagerada, más aún cuando toda la parte trasera está cayéndose, debido a la inestabilidad del suelo.

Asegura que ha pedido ayuda al Ayuntamiento en varias ocasiones, y que «están haciendo todo lo posible en los servicios sociales». Pero si de aquí al martes nada lo impide, tendrá que abandonar junto con su familia todo lo que tiene, porque su pensión es insuficiente para pagar esa deuda.

Los vecinos están dispuestos a apoyar a esta familia, y le han prometido que el martes a las 10.00 horas, estarán en su puerta dándoles ánimos, si finalmente se tienen que marchar de allí.