Medio centenar de proveedores usó el primer día disponible para confirmar ante los ayuntamientos su adhesión al plan de pagos que ha puesto en marcha el Gobierno central para el abono de las deudas pendientes con las administraciones locales. Existía además la opción de cursar este trámite de forma telemática, ante la Agencia Tributaria, pero no obstante, tanto para uno como para otro procedimiento, el grueso de los empresarios empleará las próximas semanas, pasadas las fechas festivas de Semana Santa.
Quienes opten por acudir personalmente a los consistorios para adherirse en formato papel disponen de un plazo que expira el próximo 20 de abril, mientras que aquellos que empleen la vía por internet tendrán dos días más, ya que en este caso concluye el plazo permitido el próximo domingo 22 de abril. Los proveedores únicamente deberán aportar en ambos casos un número de cuenta corriente para efectuar los pagos y el importe del principal –con el descuento de la quita si existe–.
El municipio con más actividad en esta primera jornada para poder adherirse al plan fue Mijas. Cuarenta empresas acudieron al Consistorio, de un total de 224 proveedores a los que se les adeudan 23 millones de euros. El edil de Hacienda, Mario Bravo, indicó que cuatro solicitudes fueron denegadas, por no aparecer en el listado emitido el 15 marzo al Gobierno. Y agregó que aún son pocas, si se tiene en cuenta la importante cuantía que presenta este municipio.
En Rincón de la Victoria ayer se personaron otras cuatro empresas interesadas en los trámites para poder cobrar en mayo. Y fuentes municipales agregaron que hasta 99 empresas y autónomos se han dirigido al Ayuntamiento desde el 15 de marzo para conocer si figuraban o no en la relación oficial de proveedores con cuentas pendientes de cobro. Ha habido, además, hasta 14 peticiones de certificados individuales para quienes no han visto reflejadas todas o una parte de sus facturas en el primero de los plazos abiertos para este plan.
La actividad fue nula o escasa en la mayoría de los municipios. En Fuengirola, por ejemplo, sólo hubo consultas en la Concejalía de Hacienda por parte de las empresas acreedoras «para comprobar si, efectivamente, estaban incluidas en el listado confeccionado por la entidad local». O en Benalmádena, «sólo pasaron alrededor de una docena de proveedores, sobre un total de 60, para mostrar su conformidad con el plan de pagos y aportar su número de cuenta».
Varios alcaldes y responsables públicos consultados subrayaban que la coincidencia con la Semana Santa, «un típico periodo vacacional con los hijos sin clases y los cierres en muchos establecimientos», demorará estos trámites. Son aún tres las semanas que restan hasta que concluyan los plazos y, además de los casos subrayados, también existen muchos empresarios de hostelería que es en estas fechas «cuando menos pueden atender asuntos burocráticos, por ser precisamente temporada alta».
Los empresarios, preocupados. Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, denunció que municipios pequeños del interior, como es el caso de Colmenar, no han aprobado el plan de pagos exigido por el Gobierno central. «Estamos preocupados porque parece que los ayuntamientos están faltando al rigor necesario a la hora de poner en marcha esta medida que va encaminada a que puedan cobrar los proveedores».
Aseguró que en esta localidad ni siquiera apoyaron el plan los dos concejales del PP que gobiernan en minoría y que lo proponían. «Es grave que ocurra algo así cuando existen miles de empresarios que ya han hecho sus pagos a sus respectivos proveedores, que han tenido que adelantar los impuestos por esas facturas y que están en una situación crítica por estos numerosos impagos», incidió.
En Colmenar votaron en contra del plan de pagos las tres formaciones de la oposición, PSOE, IU y Convergencia Andaluza, y se abstuvieron los populares. La deuda en esta localidad asciende a unos 560.000 euros, según cifró el alcalde, Antonio Fernández. El portavoz de IU, Pedro Rodríguez, justificó así su voto: «No tiene sentido hacer un ajuste tan largo a diez años, ya que cuando empezó la legislatura la deuda estaba en 1,2 millones y se ha reducido a la mitad en este tiempo».
En Torrox sí que se aprobó el plan, pero con el voto en minoría del PSOE –se salieron del pleno para no votar nueve ediles del PP, IU y PA–. Ayer, el alcalde, el socialista Francisco Muñoz, criticó que Rajoy vulnere la «autonomía municipal» y que a la vez se beneficie con esta medida a la banca, «que recibe el dinero del Banco Central Europeo al 1% y se lo presta a los ayuntamientos al 5%», explicó.
* información elaborada por José Luis Jiménez, Carmen Romera y Juanjo Zayas
