La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, Judith Sáiz Soria, encargada de investigar el caso Acinipo contra la corrupción urbanística en el municipio serrano, ha emitido una providencia en la que asegura que en el proceso "están en juego derechos fundamentales", una vez que que ha conocido la pericial independiente de los convenios urbanístico y de permuta de los terrenos del antiguo recinto ferial en el que se levantó luego un centro comercial.

En la providencia, una vez recibido el informe, la juez pide dar copia al fiscal, al Grupo II de Blanqueo de Capitales de la Comisaría y a las partes. Así, estando en juego esos derechos fundamentales, "y dado el retraso que afecta a la investigación", la togada libra un oficio a la policía para que remita "a la mayor brevedad los informes policiales pendientes o informe de las causas que retrasan o imposibilitan su conclusión".

El abogado de un exedil del PSOE solicitó a la juez, en diciembre de 2013, que se explicasen los hechos ilícitos que justificaban su imputación", por lo que la juez indicó que una de las principales líneas de investigación es la relativa a la construcción, sobre los terrenos de Ronda que acogían el antiguo recinto ferial. "Existen bastantes indicios de que la sociedad contó desde un principio con la intermediación de empresas del Grupo Ruiz Jurado y con el apoyo de los principales responsables del Ayuntamiento, de quienes reciben puntual cuenta de las gestiones realizadas", precisa la instructora.

En 2005, añaden, se firmaron dos convenios, uno entre el Consistorio y una sociedad, por el que se permutaban los terrenos del antiguo y el nuevo recinto ferial, y otro urbanístico entre el Ayuntamiento y la constructora, que contenía una compensación "de las plusvalías urbanísticas generadas en la recalificación del antiguo recinto ferial, encargándosele a la mercantil la ejecución de las obras del nuevo espacio ferial".

El Consistorio, en concreto, incluía en un convenio un valor asociado al uso comercial, pese a que la misma se aprobó un año después. Las parcelas fueron tasadas por los arquitectos municipales en 5,7 millones de euros, pero la primera de las mercantiles vendió a Ruiz Jurado los terrenos por 15,52 millones de euros el 13 de diciembre de 2006, y luego esta los enajenó a favor de una empresa ligada a la superficie comercial para que construyera un supermercado. Éstos estaban valorados en 17.09 millones de euros. De ello resulta que el antiguo recinto ferial se revalorizó un 861% en un día.

"Por tanto, existen indicios objetivos de la posibilidad de que el Ayuntamiento pactara sin base documental un precio distinto para enajenar el antiguo recinto ferial, posiblemente los veinte o veintidós millones de euros mencionados en una conversación, y que los responsables del Consistorio" conocieran la revalorización, señala la juez.

A la vista de los hechos, la togada pidió un informe pericial independiente que, entre otras cosas, concluye: "Se puede afirmar que la valoración realizada por el Ayuntamiento para el uso comercial de los terrenos ha utilizado los criterios correctos para la determinación del valor de dichos terrenos", dicen los expertos, que, no en vano, expresan sus dudas acerca de otros puntos.

A la vista de esa pericial, la juez emite la correspondiente providencia alertando de la afectación de derechos fundamentales de los imputados y pidiendo a la policía que envíe, a la mayor brevedad, los informes que faltan, dado que el caso acumula mucho retraso desde que se produjeron las detenciones, en septiembre de 2011.