03 de abril de 2018
03.04.2018
Legislación

Más alcaldes se suman a las críticas por la nueva ley para contratación

Regidores de Benalmádena, Mijas o Coín insisten en las dificultades que entraña

03.04.2018 | 05:00
Mejoras viarias en el casco histórico de Frigiliana.

Piden formación para los funcionarios municipales.

Más alcaldes se sumaron ayer a las voces críticas sobre el desarrollo de la nueva Ley de Contratos Públicos. Todos comparten lo que esta herramienta puede suponer contra la corrupción, pero consideran que la falta de seguridad jurídica o de planes de formación para los funcionarios municipales puede significar una auténtica losa durante este año para la gestión diaria en los ayuntamientos costasoleños.

Los regidores de Benalmádena, Mijas o Coín abundan en las dificultades que entraña el nuevo marco normativo. El regidor benalmadense, el socialista Víctor Navas, expresa: «Esta nueva ley es muy garantista. Incrementa la burocracia por ser los controles mucho más rigurosos. Sólo podrá ser aplicable y eficaz incrementando el número de trabajadores para su control». Y en este punto se topa directamente con la Ley de Racionalización de la Administración Local, que impide a los consistorios contratar nuevo personal. Para Navas, si hasta ahora el Ayuntamiento de Benalmádena tardaba en resolver un contrato unos seis a siete meses, con la nueva ley «el proceso podría llegar a dilatarse hasta al menos un año», afirma.

En lo positivo, sí destaca que debería garantizar mayor concurrencia, facilitar la transparencia y abaratar costes, «además de introducir cláusulas sociales que dejarían de limitar sólo a lo económico los criterios para determinar los adjudicatarios de los contratos».

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Cs), remarca ese mayor esfuerzo que la nueva ley acarrea a los funcionarios, «porque tienen que abarcar una mayor tramitación». Además, recuerda que resulta más restrictiva porque limita los contratos menores, al rebajar su límite mínimo hasta 40.000 euros. «Nos preocupan, sobre todo, las lagunas interpretativas que presenta. En algunos casos, no deja claros los conceptos. Desde el Área de Recursos Humanos incluso hemos puesto en marcha un curso para nuestros trabajadores municipales para que puedan familiarizarse con esta normativa», añade el regidor.

El documento legislativo limita a una el número de adjudicaciones por empresa y año y obliga a trocear en lotes las contrataciones grandes, al objeto de propiciar que las pequeñas y medianas empresas puedan aspirar a las mismas. Para el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), no hay motivos que hagan temer por un bloqueo de las administraciones locales. Eso sí, reconoce que, en su municipio, el ayuntamiento «lleva preparándose desde hace meses para adaptarse a la nueva ley». Recuerda que el texto regula «muchas lagunas existentes en la administración en materia de contratos y contiene medidas reales anticorrupción».

«Sí es cierto que al principio costará adaptarse, pero dentro de los inconvenientes normales que requiere modificar una forma de trabajar con la que se venía actuando desde hace años», concluye Salado. En similares términos se expresa el regidor de Coín, Fernando Fernández (PP): «Habrá que dar un plazo para comprobar cómo afecta a la gestión». Agrega que se trata de una ley que acaba de entrar en vigor y «sobre la que se han suscitado muchas dudas a la hora de su interpretación por parte de los técnicos».

Como en el caso de Coín, en Vélez Málaga o Torremolinos se teme que dichas dudas ralenticen «algo tan importante como las contrataciones». Mucho más optimista es el regidor manilveño, Mario Jiménez (Compromiso Manilva): «No supone ninguna problemática, todo lo contrario. Se agilizan muchos trámites. En Manilva ya tenemos autoimpuesto un límite de 3.000 euros, en las bases de ejecución del presupuesto, para iniciar un expediente de contratación tanto en las obras como en los suministros».

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