La Fiscalía Anticorrupción de Málaga ha solicitado diez años de prisión y 35 de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara por el denominado caso Acinipo, sobre la presunta corrupción urbanística en la localidad, por los presuntos delitos de falsedad, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. la presunta corrupción urbanística en la localidad, por los presuntos delitos de falsedad, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho También acusa a otras seis personas.

Así consta en el escrito de calificación provisional remitido por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, que ha llevado el caso, y que acordó el pasado mes de julio seguir la causa contra siete investigados, entre ellos Marín Lara, decretando el sobreseimiento respecto de otros cinco, que se sumaban a otra persona para la que ya se había archivado previamente el procedimiento.

Además del exalcalde y actual edil rondeño, el fiscal dirige la acusación, según las conclusiones iniciales, contra los exediles Francisco Cañestro, Rafael Lara y Josefa Valle; a los entonces secretario y arquitecto municipales y un empresario.

La causa se centra en el proceso para la construcción, como la enajenación presuntamente irregular del antiguo recinto ferial, las sucesivas adjudicaciones también supuestamente irregulares de obra pública a una empresa, así como un préstamo de dicha sociedad.

Anticorrupción explica que un empresario local, ya fallecido, acordó en 1998 con los responsables de un grupo empresarial implantar un centro comercial y logró el apoyo del Ayuntamiento al «aprovechar la fluida relación que mantenía con Marín Lara», quien en septiembre de 2004 había accedido a la Alcaldía tras una moción de censura.

Según el fiscal, ambos «negociaron en secreto una alternativa a la recalificación de los terrenos» elegidos, de forma que el Consistorio «tomaría la decisión de construir a su cargo un nuevo recinto ferial, ocupando justamente las cinco hectáreas de suelo no urbanizable» que el empresario compró «entregándole a cambio los suelos del actual ferial ya dotados de una configuración urbanística que permitiera construir un hipermercado».

Para el ministerio público, «esa solución desbloqueaba el proyecto pero no satisfacía las necesidades del municipio, sino que forzaba un giro en la política urbanística que el Ayuntamiento venía desarrollando en esa parte de la ciudad». Añade que Marín Lara, «asistido por funcionarios y políticos de su confianza», negoció personalmente con el empresario los convenios de permuta y urbanístico.

Según esta acusación, el entonces alcalde, alegando que Ronda «necesitaba un gran centro comercial que generaría puestos de trabajo e impulsaría la economía local», tomó decisiones urbanísticas arbitrarias en favor del interés privado, «lejos de respetar los procedimientos legales y cumplir con su deber de defender la integridad del patrimonio municipal».

Para ello, dice el fiscal, el alcalde contó «al menos con la colaboración» de los entonces secretarios y arquitecto municipales, tramitado dos expedientes separados, uno de permuta y otro de planeamiento urbanístico, «como si se tratara de actuaciones promovidas por dos empresas independientes».

Además, adjudicó «directa y arbitrariamente las obras de urbanización del nuevo ferial» a dicho constructor, apuntando la acusación que el entonces alcalde y el secretario municipal «se afanaron en ocultar que una obra pública de semejante magnitud debía licitarse conforme a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».