Una treintena de entidades locales de la provincia de Málaga no paga a sus proveedores dentro del plazo establecido por la ley. Así lo confirman los últimos datos de Periodo Medio de Pago (PMP) del Ministerio de Hacienda, que señalan que incluso hay ayuntamientos que tardan más de un año en abonar las deudas que tienen con las empresas y autónomos que les prestan sus servicios.
La normativa establece que el plazo de abono debe ser de 30 días y es cierto que hay corporaciones que superan la media por muy poco, un dato que además puede ir fluctuando mes a mes. Sin embargo, sí hay otros que arrastran esa deuda desde tan atrás que se encuentran por encima de los cien días.
Es el caso de quince municipios malagueños, según los datos correspondientes al cierre del primer trimestre del año: Arriate, Benalauría, Benamocarra, Canillas de Albaida, Colmenar, Cortes de la Frontera, Guaro, Humilladero, Manilva, Mollina, Pizarra, Rincón de la VictoriaValle de Abdalajís, Villanueva del Rosario y la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía. Dentro de estos se encuentran casos más flagrantes y llamativos, como ocurre con Cortes de la Frontera, municipio que lleva años con problemas de liquidez económica y que paga de media en 622 días, es decir, casi dos años, o Tolox, con una ratio de 564 días, y Guaro, que se situaba en marzo en 526 días. Por su parte, la Mancomunidad Oriental paga en 256 días.
Entre las grandes ciudades malagueñas, con datos de cierre de mayo, las pagadoras más rápidas son Marbella, con una media de 19,2 días, y la capital malagueña, que se situó en esa fecha en 29 días. En el caso contrario se encuentra Vélez-Málaga, con una ratio de abono de sus pagos a proveedores de 97,33 días o Mijas, que se acerca los 60 días, mientras que en dicho mes la Diputación pagó en 42 días, la misma media que en Fuengirola.
La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental abonó en marzo su deuda en 11,9 días y la de la Sierra de las Nieves, en 27 días.
A nivel regional, Andalucía se encuentra entre las comunidades que antes paga a sus proveedores, según un informe elaborado por la Federación de asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que incide en que la comunidad andaluza hace frente a sus facturas en una media de 20 días, lo que la sitúa entre las pagadoras más cumplidoras, junto con Galicia y el País Vasco.
El estudio de la ATA, con datos del primer semestre, resalta que, de media, las tres administraciones (local, regional y nacional) incumplen los periodos de pago legales. La media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas durante el primer semestre de 2019 se fijan en 35 días, 37 en el caso de la Administración central y la media de la Administración local, que es para la que trabajan la mayoría de los autónomos, duplica ese periodo de pago establecido por ley y abona sus facturas en 65 días, según informó el colectivo en un comunicado esta semana.
La ATA recordó además que a nivel local, frente a esos 65 días de media, hay municipios que registran unos datos mucho más altos. Es el caso de ayuntamientos como los de Jaén que sigue siendo, una vez más, el Consistorio que más tarda en pagar de España, al hacerlo en una media de 542 días, superior a los 531 días que registraba en el primer trimestre del año. Es decir, que un autónomo que realiza un trabajo para este Ayuntamiento cobrará, de media, 18 meses después de presentar la factura.
Por otro lado, la morosidad entre empresas privadas, de media, se establece en 68 días, tres días menos de los 71 que mostraban en el primer trimestre del año, y 8 días más de los 60 que establece la Ley de Morosidad. Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa podemos afirmar que son los autónomos sin trabajadores y aquellas pequeñas empresas las que antes pagan.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, lamentó que aunque la morosidad haya mejorado respecto a ejercicios anteriores, «todavía la Administración local, autonómica y central siguen pagando por encima de los 30 días», lo que significa «incumplir la ley».
En una entrevista concedida a Europa Press, Lorenzo Amor reprochó que le exija a los ciudadanos que cumplan la ley, pero que «las administraciones no la cumplan».
