Un grupo de alcaldes socialistas de la provincia se movilizaron en la Diputación de Málaga y presentaron ayer un escrito en el que exigen al presidente del organismo y regidor en Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), que abone antes del próximo 8 de noviembre la deuda de 15 millones que el ente provincial mantiene con los consistorios por materiales del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Dichas cantidades se remontan a los planes de 2017 y 2018, aunque fuentes del equipo de gobierno en el organismo indicaron que los abonos de la primera de esas dos anualidades «estarán liquidados en cuestión de días». El portavoz del PSOE en la Diputación, José Bernal, matizó que se ha firmado ese documento «para decirle al presidente de la Diputación que, o paga antes del 8 de noviembre, o comenzarán las movilizaciones en toda la provincia de Málaga para que los ciudadanos sepan que este organismo despilfarra en obras que a veces ni siquiera son competencia de su gestión».

El gobierno de la Diputación tilda de electoralista la protesta, «ya que algunos de los alcaldes socialistas reunidos tienen ya abonadas las cantidades de 2017, mientras que las de 2018 están en plazo hasta el próximo año pero también se han empezado a tramitar. Pero incluso vemos en la foto a representantes de Marbella, Fuengirola o Benalmádena, donde no ha habido estos años actuaciones vinculadas al PFEA. No tiene sentido que estén ahí reivindicando la supuesta asfixia, que es una auténtica falacia, de los ayuntamientos».

Para el gobierno en la Diputación, «no se recuerda una administración provincial con más inversiones para los municipios». Y también subraya que este verano se transfirieron 10 millones de euros de fondos incondicionados y que en diciembre se van a abonar «otros 10 o 12 millones incondicionados», al objeto «precisamente de mejorar la situación de las arcas municipales y de propiciar nuevas iniciativas públicas».

Bernal replicó que los consistorios ya tuvieron que adelantar el pago de esos fondos y, en otros casos, hay empresarios «que no pueden cobrar porque la Diputación no transfiere el dinero pendiente».