Doña María Dolores de Cospedal, de mantilla y oro, ha completado la vuelta al ruedo y proporcionado nuevas pistas sobre su proyecto de democracia a tiempo parcial. Según se acaba de saber, el mecanismo por el que se desmantela la función de control político de la oposición se perpetra a través de una modificación del propio reglamento de las Cortes castellano-manchegas, que permitirá a la Mesa de dichas Cortes tomar la decisión final. «Los diputados que opten por dedicarse de manera exclusiva y única a las tareas parlamentarias (…) percibirán un sueldo que estará en función de las tareas, cargo y responsabilidades de cada diputado», dice la modificación reglamentaria, lo que introduce un componente subjetivo y arbitrario que proporciona una vuelta de tuerca más a este camino sin retorno.
Al Partido Popular le gusta ese modelo de compatibilidad entre lo público y lo privado. Cuando el mismísimo Washington Post denuncia que al menos 83 congresistas estadounidenses han legislado sobre asuntos en los que ellos o sus familias tienen intereses económicos o incluso negocios, cuando el debate en todo el mundo civilizado está a favor de la dedicación exclusiva y de la mejora de los conocimientos y de las herramientas de los representantes públicos para ejercer con criterio y eficacia su labor de control del Gobierno -y aquí podríamos citar desde la reforma de la Cámara de los Comunes hasta el más reciente monográfico de la prestigiosa revista Parliamentary Affairs- en la tierra de Don Quijote se dinamita el gobierno del pueblo y se sustituye por una Ínsula Barataria de intereses cruzados y negocios a medias. Y todo con la excusa de la austeridad, la mascarada de la desafección política y el penoso argumento del ahorro de un millón de euros.
Es una forma de ver las cosas. También se ha sabido en estos días que otro diputado autonómico del PP, esta vez en Castilla y León, pidió el embargo del subsidio de paro de una mujer desahuciada. El tipo, de nombre Raúl de la Hoz, es procurador en las Cortes regionales, portavoz de economía en dichas Cortes, secretario de organización del PP castellano leonés y además ejerce como abogado. Todo un prodigio, sin duda un esfuerzo sobrehumano. Pero convendrán conmigo que si se dedica a ganar dinero de manera privada pidiendo la ruina económica de mujeres separadas que no pueden pagar sus hipotecas, poco tiempo puede quedarle a este súperhombre para cumplir con sus obligaciones públicas, por las que también cobra, dicho sea de paso.
La tesis de la profesionalidad de los cargos públicos no es un capricho: es más bien una obligación si queremos que de verdad haya control político de la acción del Gobierno. Pongamos un ejemplo sencillo: el Real Decreto-ley 24/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que va a diseñar el futuro mapa bancario de este país, y que permite la creación del FROB (Fondo de Reestructuración de Entidades Bancarias) y de paso destinar 100.000 millones de euros al saneamiento del sector financiero, tiene 61 páginas de texto y es de una complejidad extrema. Siguiendo la Teoría Cospedal, un fontanero -o un electricista, o una maestra, o un profesor de química- podría dedicar sus ratos libres a estudiar el tema y a buscar argumentos para rebatirlo. En el fondo, y en la superficie, de eso se trata: de que hagamos lo mismo que ella y no nos metamos en política. Como decía aquél.
[Enrique Benítez es parlamentario andaluz del PSOE]
