La futura Ley de Emprendedores, que en breve comenzará su trámite parlamentario, ha suscitado muchas expectativas entre los autónomos y los jóvenes empresarios malagueños. Pero también hay cierto temor a que la norma, tras año y medio de espera, termine por quedarse corta. Vayamos por un lado con los aciertos. La petición de que los negocios paguen el IVA de las facturas sólo cuando en realidad las hayan cobrado era una añeja reclamación del sector, hoy día más justificada que nunca visto los altos niveles de morosidad en que se mueve el mercado. Se podría decir que era casi una obligación moral dado que ellas son los principales clientes que se dejan las facturas sin pagar. Como explicaba esta semana el vicepresidente de la ATA, Rafael Amor, las administraciones, principalmente los ayuntamientos, deben en Málaga 150 millones de euros al colectivo de autónomos, un agujero que ha propiciado directamente la quiebra de uno de cada cinco negocios que han echado el cierre en Málaga durante la crisis. Otra de las iniciativas más aplaudidas es que por fin los emprendedores podrán arriesgarse a fracasar sin poner en juego su patrimonio vital, o sea su casa o su vehículo. La norma establece una nueva figura de emprendedor de responsabilidad limitada (ERL) que salvaguarda estos bienes, estableciendo una especie de proceso concursal, aunque la queja de los emprendedores es que este modelo no protege contra las deudas empresariales que se puedan tener con Hacienda y la Seguridad Social. Y su razonamiento es que si estas deudas se originan por la morosidad de los clientes, ¿por qué van a tener que responder de ellas con su patrimonio? El tema es amplio, merece su debate y se entronca con la necesidad de trasladar a España una mentalidad muy instaurada en el mundo anglosajón: la segunda oportunidad. O, lo que es lo mismo, que una persona que fracase pueda optar a abrir un nuevo negocio sin que se le vea como un paria.
Dicho esto, los emprendedores ya han señalado las diferentes carencias que ven en el anteproyecto de ley, con la esperanza de que se corrijan en su paso por las Cortes. Se quejan de que no hay rebaja en las cotizaciones sociales para fomentar la contratación, que medidas como la tarifa plana sólo sean válidas para menores de 35 años (¿el que pone una empresa más tarde no merece apoyo?) y, ante todo, que no se resuelva el acceso a la financiación de los proyectos. El más beligerante es el presidente de la AJE, Javier Noriega, que no cree que los beneficios fiscales establecidos para los inversores privados (tipo business angels) vayan a animar mucho al personal ¿Y la banca? Pues ahí sigue, denegando total o parcialmente hasta el 80% de las peticiones de crédito de los emprendedores. Rajoy pide a los bancos «altura de miras». Hace bien pero muchos creen que el Ejecutivo debería hacer algo más que reclamar buena voluntad porque sin liquidez ni ésta ni ninguna otra ley funcionarán.
