Estos días le he dado una vuelta a esos casos, macroprocesos, que en su día generaron miles de titulares e hicieron trabajar de sol a sol al que les habla y, sin embargo, siguen hoy, varios años después, atascados en sus respectivos juzgados de instrucción sin que nadie sepa adivinar cuándo llegarán a juicio. Les hablo del caso Astapa contra la corrupción urbanística, que pese al empuje del juez instructor, Jesús Torres, es tan complejo, tiene tantas aristas, que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se celebrará el juicio. Las detenciones se produjeron en junio de 2008 y aún siguen haciéndose diligencias de investigación con el fin de averiguar lo ocurrido en esa localidad costasoleña bajo el mandato de Antonio Barrientos, exalcalde socialista. Les hablo del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, cuyos arrestos fueron ordenados por el juez Francisco Javier de Urquía, un magistrado condenado por dejarse sobornar por Juan Antonio Roca, en enero de 2007. Hoy, siete años y medio después, el proceso aún no ha llegado a la Audiencia Provincial para su juicio y hay partes que ni siquiera han recibido la notificación del escrito de calificación fiscal. Les hablo de Arcos, devuelto a Instrucción y sin fecha aún de plenario; o de otros tantos y tantos casos que se han perdido en las repisas de los juzgados y que son la vergüenza de nuestra justicia, más por la falta de medios materiales y humanos que por la desidia o interés de fiscales y magistrados. Sin embargo, hay casos y casos: recientemente he tenido conocimiento de un asunto del que vamos a dar cumplida información esta semana de un chico al que lo quieren meter en la trena catorce años después de cometido el delito, lo que da una idea de la injusticia que se puede cometer cuando la justicia no actúa en tiempo y forma. Es necesario ya, ahora mismo, hoy antes que mañana, un pacto de Estado entre los dos principales partidos del país para reformar de arriba abajo este servicio público esencial para resolver los conflictos de los ciudadanos y para mantener la seguridad jurídica. No es de recibo que un proceso penal tarde seis o siete años en ser instruido, ni que un proceso concursal se prolongue durante cinco años, como ocurre por ejemplo con el de Aifos, con un solo juez, muy competente, eso sí, tirando del carro en un procedimiento que arrastra a cinco mil acreedores. Esto condena, por ejemplo, a que nueve de cada diez empresas acaben el proceso concursal cerrando. La justicia, y es la enésima vez que lo decimos aquí, necesita un choque de modernidad, de nuevas tecnologías y una reorganización en profundidad.