El pasado 12 de diciembre se celebró en el salón de plenos de la Casona el undécimo pleno sobre el estado de la ciudad sin que aún tengamos claro los ciudadanos para qué ha servido y si es útil celebrarlo en un futuro.
No hubo sorpresas, todo salió conforme a lo previsto, las bondades de unos y las críticas de otros coparon un debate que, más que sobre el estado de la ciudad, fue un arranque de campaña para las próximas elecciones municipales.
Es evidente que quien tiene la responsabilidad de gobierno aproveche el Debate sobre el Estado de la Ciudad para ofrecer la visión de que las cosas se han hecho bien, no podía ser de otra manera, y quienes ejerzan la oposición arremetan, pero sin hacer propuestas, contra el equipo de gobierno. Esto no es nuevo. Para ello no había que celebrar ningún pleno sobre el estado de la ciudad. Aun así, el debate nos dejó sus lindezas.
Plantear como algo positivo que el equipo de gobierno no esté salpicado por casos de corrupción no es ningún logro, no es de agradecer, es una obligación; es un deber de todo servidor público no involucrarse en esas prácticas. Aunque los ciudadanos estén acostumbrados, más bien inmunizados, a leer en prensa día sí día no los casos de corrupción que saltan en cualquier parte de la geografía española, no es lo normal ni debe venderse como un mérito no haber caído en ella.
La oposición también nos deparó sus momentos de gloria, como no podía ser menos. Pretender traer al pleno sobre el estado de la ciudad el debate sobre la desigualdad que existe en nuestra ciudad, si no es sólo a título informativo y de autocrítica, es un error. Habría que recordar a la oposición que las políticas de igualdad son competencia de la Junta de Andalucía, y si hay desigualdad, que la hay, tendrían que entonar el mea culpa y no caer en el discurso fácil y demagógico de culpar a otros de nuestros propios errores. No cabe olvidar que los dos partidos que forman el Gobierno andaluz, responsable de las políticas de igualdad en Andalucía, son los que forman la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, culpando al equipo de gobierno municipal de sus propias carencias como gobierno andaluz.
La Málaga museística y el Pompidou, como no podía ser de otra manera, consumieron parte del improductivo debate. La oposición mantuvo su cruzada contra la apuesta cultural y museística del alcalde desde una única vertiente: el costo que supondrá a los malagueños.
Es cierto, a los malagueños nos costará 3 millones de euros anuales, dinero tirado que podría decir la oposición.
Pero las verdades a medias no son verdades. Esos 3 millones de euros que saldrán de las arcas municipales generarán un impacto económico, sumando el directo e indirecto, de 18 millones de euros que revertirán en nuestra ciudad. La llegada del Pompidou supondrá la creación de 400 puestos de trabajo, de ellos más de 100 de forma directa y supondrá un ingreso para la Hacienda Pública de aproximadamente 3 millones de euros, eso sí, en su mayoría impuestos estatales, lo que para las mentes «provincianas» no es a tener en cuenta.
Hemos de tener claro lo que es un gasto sin más y lo que es una inversión, y el Museo Pompidou es, le pese a quien le pese, una inversión para nuestra ciudad. El beneficio para los malagueños multiplica el coste que supone para la ciudad, todo es cuestión de saber usar una calculadora.
