Hay que ser muy torpe o tremendamente desahogado para pagar un millón y medio de euros por un empate y descender a Segunda División. Osasuna no merece esta clase de dirigentes.

Pero no es justo diferenciar al amañador del amañado. Tan culpable es uno como el otro e injusto que sólo se hable del club navarro y menos del Espanyol o del Betis, presuntos receptadores, si se me permite la expresión aplicada al tráfico de mercancía ilegal.

En torno a este tipo de polémicas se genera mucha hipocresía. Desde la prohibición de pagar primas por ganar, sólo justificable por las diferencias económicas entre los clubs, hasta el pacto tácito de un empate conveniente para ambos contendientes es importante matizar y tomar posiciones.

Que un partido acabe en tablas, no premeditadas pero sí deseables por la clasificación de ambos equipos, forma parte de la propia competición. Ha sucedido en múltiples ocasiones y se han establecido acuerdos tácitos entre los propios jugadores y en pleno desarrollo de la contienda. Lo condenable es pagar para torcer la voluntad de los profesionales en orden a unos intereses que les son ajenos y, en todo caso, proponer directamente la venta de los puntos en juego.

Si aplicamos la lógica se deberían autorizar las primas a terceros, previa regulación y, al unísono, aplicar sanciones mucho más severas, incluso penales, tanto para quienes proponen o aceptan sobornos. Siempre sin dejar de lado la picaresca.

Hace años un intermediario cobró del Espanyol para sobornar a un árbitro mallorquín de Primera que iba a dirigir a los periquitos en el campo del Las Palmas. El dinero se depositó en una cuenta de Banesto en una oficina de Palma y, en efecto, la victoria fue para el equipo visitante, pero el colegiado en cuestión no había hablado con nadie, ni se enteró de la película ni, por supuesto, cobró una sola peseta. Está publicado en los diarios de la época. Por no hablar del sobre que alguien dejó «distraídamente» en el asiento del taxi que conducía un colegiado de Segunda.