Alguien dijo que Cataluña es el motor económico de España pero que cuando hay crisis en Cataluña, o con Cataluña, toda España sufre las consecuencias. Algo así está pasando.
El protagonismo de la respuesta a la declaración de independencia del 27-O lo ha ido cogiendo el Tribunal Supremo y el Código Penal. Y el último paso fue el auto de procesamiento y prisión provisional sin fianza del juez Llarena contra varios dirigentes independentistas -entre ellos el candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull, que había sido derrotado en la primera votación- justo antes de Semana Santa. Y luego vino la detención en Alemania, a instancias de la euroorden de Llarena, de Carles Puigdemont.
Pero el derecho siempre es discutible y la gran sorpresa llegó este jueves cuando el tribunal competente alemán -desoyendo la petición de su fiscalía- denegó la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, admitió la posibilidad de extraditarlo por otro con menos pena -malversación de recursos públicos-, y decretó su libertad provisional con fianza. El motivo es que en el delito de alta traición alemán, similar al español de rebelión, es condición necesaria el claro uso de la fuerza y el tribunal considera que en el caso catalán no la ha habido, al menos con la intensidad necesaria.
Es un criterio discutible, radicalmente contrario al auto del juez Llarena, pero sobre el que muchos juristas y políticos españoles ya habían alertado. El propio Felipe González -además de advertir sobre el gobierno de los jueces- ya dijo que le costaba ver un delito de rebelión.
Pero lo relevante serán las consecuencias jurídicas y políticas. Si finalmente Puigdemont es extraditado -lo que puede no ser inmediato- sólo podrá ser juzgado por malversación, que tiene una pena (máximo de 8 años) muy inferior al delito de rebelión (hasta 25 años). Y surgen dos grandes interrogantes. ¿Podrá el Supremo dictar entonces -si es extraditado sólo por malversación- prisión provisional sin fianza y mantenerlo en la cárcel hasta el juicio como está haciendo con Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull y otros? ¿Al final podría ser condenado Puigdemont, el principal responsable de la DUI, a una pena sustancialmente menor que los otros imputados? ¿Y qué pasará con los consellers exilados? Parece difícil que tras la decisión alemana -si se convierte en definitiva, porque puede que la fiscalía la recurra- la judicatura belga o británica vayan a admitir la extradición por rebelión. Es pronto para sacar conclusiones, pero lo indudable es que la instrucción del Supremo ha recibido un serio varapalo.
Y las consecuencias políticas tampoco están nada claras. La no extradición de Puigdemont por rebelión refuerza a las corrientes más radicales del independentismo que priorizan la confrontación con el Estado a la elección de un presidente de la Generalitat que deberá actuar dentro del marco autonómico. Pero también es cierto que tras la no elección de Turull han empezado a correr los plazos y que si el 22 de mayo no hay nuevo presidente se tendrán que repetir las elecciones. ¿Apostará ahora el independentismo -o alguna de sus facciones- por no elegir un president sin problemas judiciales y tener que ir a la repetición de elecciones con la esperanza -que puede resultar fallida- de tener un triunfo superior al muy ajustado del
21-D?
Hoy no hay respuestas. Sólo más confusión y más incógnitas, lo que no ayudará ni al Gobierno Rajoy ni a la estabilidad política. Máxime cuando el objetivo a corto del Gobierno era la aprobación de los Presupuestos y para ello necesita el voto afirmativo del PNV. O, como ha pedido un dirigente del PP, cinco votos del PSOE por patriotismo y «elegidos al azar». Lo del PSOE parece imposible, lo del PNV no, siempre y cuando haya sido levantado el 155 en Cataluña, lo que parece ahora más difícil.
La crisis política que arrastra España se va a complicar bastante. Y el Gobierno ya no estaba enfocando bien la situación. Sin mayoría, dependiendo del PNV para los Presupuestos y con una situación delicada en Cataluña, tenía que medir bien sus gestos. Y enviar cuatro ministros -Cospedal, Zoido, Méndez de Vigo y Catalá- a entonar el legionario «soy amigo de la muerte» en Semana Santa estaba lejos de ser lo más aconsejable. ¿Por qué pues?
Si a todo esto le añaden el escándalo del ´mastergate´ de Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid que quería encarnar la renovación del partido, es seguro que la convención de Sevilla de este fin de semana va a ser el espectáculo de un partido en pleno ataque de nervios. Desde el fallido referéndum catalán del pasado 1 de octubre, a Rajoy se le han complicado mucho las cosas.
