14 de julio de 2018
14.07.2018
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¿Dios escribe recto con renglones torcidos?

14.07.2018 | 05:00

La decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de negar la entrega a España por rebelión de Carles Puigdemont, pero sí hacerlo por malversación, es un serio golpe a la causa abierta en el Supremo contra los dirigentes de la declaración catalana de independencia del pasado 27 de octubre.

La conducta de unos dirigentes que violaron el estatut y la Constitución y que no tuvo mayores consecuencias por la aplicación por Rajoy del 155 (con el apoyo del PSOE y de Cs), y por la escasa resistencia que esta decisión tuvo en Cataluña, debe y puede ser juzgada en los tribunales. En este caso, por el Tribunal Supremo. Pero la justicia, antes que maximalista, debe ser proporcionada y prudente. Y ya había evidencias de que –desde que el fiscal general Maza inició las actuaciones– dominaba cierto exceso. El propio expresidente Felipe González dijo –sin reiterarlo demasiado, supongo que por prudencia– que le costaba ver el delito de rebelión. Y muchos juristas españoles –nada marginales– destacaron que faltaba el componente esencial de la violencia. Por otra parte, la prisión provisional incondicional y sin fianza es una medida bastante excepcional que se ha mantenido demasiados meses. El argumento de la fuga de Puigdemont y de otros dirigentes es válido, pero también es lógico preguntarse si los que no se fugaron y se presentaron voluntariamente ante la justicia deben pagar la conducta de los que huyeron.

La decisión alemana es ejecutiva. En todo caso, la decisión del tribunal alemán confirma la prepotencia con la que el juez instructor –seguramente alentado por el clima de indignación de muchos sectores españoles– ha llevado a cabo sus actuaciones. No se trata ahora de saber si el tribunal alemán tiene razón o no al rechazar la euroorden por rebelión. Aunque no la tuviera, lo relevante –lo que cuenta– es que la decisión es definitiva. Y los hechos indican que Llarena ya decidió retirar la euroorden en Bélgica por miedo a perderla y ahora la retirará en Alemania tras haberla perdido. El tribunal alemán opina que no hubo el grado de violencia necesario para lo que, según las leyes alemanas, puede ser equiparado al delito español de rebelión.

Es posible que el tribunal alemán no tenga razón, que el tribunal belga esté demasiado influido por los partidos flamencos amigos de Puigdemont y que Felipe González y muchos juristas españoles estén equivocados o motivados por inclinaciones políticas. Admitámoslo como hipótesis, pero lo indudable es que el juez Llarena ha actuado con un criterio que ha chocado con lo que es –guste o no– la realidad europea. Y posiblemente ha sido así porque todo –desde sus inicios en la fiscalía de Maza– ha pecado de maximalismo (comprensible en un fiscal) y el juez instructor siguió linealmente ese criterio y actuó además con alguna prepotencia pensando que el consenso del Supremo debía dominar también en los tribunales europeos.

No ha sido así y ahora la instrucción va a sufrir las consecuencias. Si Llarena admite la entrega sólo por malversación (que parece que no), Puigdemont será juzgado en España y se podrá pedir contra él una pena máxima de doce años cuando contra el vicepresidente Junqueras y sus otros subordinados –que seguirán acusados de rebelión– se pedirán hasta 30 años. Sería un disparate y un ridículo total.

No tanto para la justicia como para el criterio ejemplarizante a corto plazo que parece haber presidido la instrucción. En efecto, tras cumplir la condena por malversación, Puigdemont podría ser juzgado por rebelión en el caso de que durante cierto periodo de tiempo siguiera en España. Pero el maximalismo disuasorio no admite el aplazamiento en el tiempo del juicio por rebelión y no considera lo dramático que sería para Puigdemont que, después de cumplir la condena por malversación, tuviera que someterse a al juicio por rebelión o volver a huir.

La otra posibilidad, por la que parece que se inclinará el juez Llarena, será retirar la euroorden contra Puigdemont. El Supremo quizás quedará más tranquilo pensando en aquella receta de Unamuno de «que inventen ellos (los europeos)». Que Europa, equivocada, haga lo que quiera, que nosotros no podemos renunciar a hacer justicia a nuestra manera y no podemos admitir la «excepción Puigdemont» y sus posibles consecuencias sobre los otros encausados. Que Puigdemont se pasee libremente por Alemania, Bélgica y seguramente otros países europeos, pero ello no afectará a las acusaciones contra los otros procesados. No parece tampoco una solución ni brillante ni razonable. Y además lo más probable es que lo de Puigdemont –se acepte o no la extradición sólo por malversación– gravite sobre todo el proceso.

La rebelión y la opinión catalana. La conclusión es que –piense lo que piense el instructor– la causa ha quedado tocada, lo que no acabará acarreando su extinción, pero sí –con el apoyo de una actitud menos rigorista del nuevo Gobierno y del cambio de fiscal general– una rebaja en la calificación de la acusación o en la sentencia final.

La justicia no debe ser populista sino depender de la ley elaborada por el poder legislativo (caso contrario habría más países en los que la pena de muerte estaría vigente), pero tampoco puede desconocer –o ir en contra– de lo que cree la opinión publica. Y la opinión catalana dista mucho de los criterios del instructor. Una reciente encuesta de GAD3 para La Vanguardia (instituto que trabaja también para el ABC y nada sospechoso de nacionalismo) ponía de relieve que nada menos que el 69% de los catalanes (contra el 27%) consideraba injustificada la acusación de rebelión y un porcentaje todavía superior (el 77% contra el 19%) mostraba su disconformidad con la prisión provisional (antes de juicio) e incondicional aplicada a Oriol Junqueras y otros dirigentes secesionistas.

La justicia es independiente y no debe obedecer a la opinión pública pero una justicia inteligente debe saber que finalmente la ley sólo es –destilado por el paso del tiempo y filtrado por el poder legislativo y la doctrina jurídica– lo que quiere la sociedad. Cataluña no es toda España (desconozco una encuesta similar en todo el Estado), pero sí que es una parte de España, especialmente afectada por este conflicto.

La decisión alemana puede haber entrado –sin que le correspondiera– en el fondo del asunto y ser incorrecta, pero quizás ayudará a que cierto establishment español admita que crear un grave y complejo problema político sólo con la ley y el Código Penal aplicado con máximo rigor no es la respuesta más conveniente. Hay un viejo dicho castellano que dice que Dios (en este caso una justicia proporcionada) escribe recto con renglones torcidos (la decisión del tribunal alemán).

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