14 de octubre de 2018
14.10.2018
Tribuna

Patio de porteras

14.10.2018 | 05:00

La reciente publicación en el boletín del patrimonio de los altos cargos tiene poco que ver con la transparencia, y bastante más con el cotilleo. Desde luego, escasa relación guarda con el control del ejercicio del poder, que es lo propio que debiera perseguir esta normativa, convertida hoy en clave de arco de las democracias más avanzadas. Por más que las leyes sobre la materia lo prevean, no por divulgar el activo o pasivo de nuestros dirigentes se detectan conflictos de intereses o turbios tejemanejes, porque esa información puede ocultar infinidad de subterfugios, como el recurso a sociedades instrumentales o la lisa y llana desviación del capital a familiares o allegados antes de entrar en política, para volver a recuperarlo nada más dejar de pisar la moqueta pública. El pormenor de la hacienda de determinados ministros, rayana a la menesterosidad, confirma estos artificios, sobre los que nada aporta la difusión de unas frías cifras en el diario oficial.

Si en realidad se pretendieran comprobar los incrementos patrimoniales ilícitos mientras se desempeñan tareas de gobierno, sin duda se hubiera implementado hace años una estructura administrativa sólida para estos fines, o encomendada dicha tarea al Tribunal de Cuentas, algo que no se ha hecho, limitando estas cuestiones a una mera oficina con rango de Dirección General, incapaz hasta el momento de advertir la más mínima desviación por ningún responsable, a diferencia de la infinidad que descubren cada dos por tres los medios de comunicación, sobre todo últimamente.

Las cuantías reflejadas en esa extensa relación de bienes de los responsables públicos lo que pretende son otras cosas. Para empezar, disuadir a aquellos con posibles o simplemente con alguna capacidad superior a la media para dedicarse a la política, porque para ello deberán desnudarse patrimonialmente ante el personal, algo que a nadie le apetece. Y, por otro, afianzar la peregrina idea de que solamente ciertas personas con grandes recursos ocupan altos cargos, sin duda para lograr ser aún más millonarios a costa de los infelices administrados, que llegan con dificultades a fin de mes. Ambas cosas, como es obvio, son por completo ajenas a la transparencia y encajables como anillo al dedo en el ideario del populismo de la peor condición, no combatido por cierto por quienes lo debieran de haber encarado sin complejos, porque ha de recordarse que la ley que prevé esta inane obligación fue precisamente aprobada por la mayoría absoluta parlamentaria de 2015.

Todo esto coincide, además, con el régimen de sospecha sobre el origen del dinero de los que tienen economías saneadas, levantado por esos nuevos Savonarolas de pacotilla que sufrimos desde hace años. Salvo ellos, que son personas de acrisoladas virtudes que siempre adquieren casoplones legítimamente, los demás a los que la vida les va bien son unos perfectos ladrones, que se han prevalido de mil trampas o ilegalidades para prosperar. Esta forma de pensar, en sociedades como la nuestra con una envidia igualitaria tan asentada, sirve como auténtico acelerante de las más bajas pasiones, lastrando en gran medida cualquier tímido intento de progresar por cualquiera.

Como se ha venido viendo desde hace algún tiempo, el que la hace la paga, en esto y en cualquier otro asunto, porque el superordenador de la agencia tributaria cruzando datos, o los fiscales y jueces connsus medios, ya se encargan de que nadie robe desde el poder.

Lo que salga de ahí, como esto de publicar los ahorros de quien sea, abona el chismorreo y el patio de porteras. O de porteros, que nadie se ofenda.

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