Terminó el juicio del caso de los ERE y una cosa ha quedado demostrada: no hay prueba irrefutable de que los acusados hubieran delinquido, que ninguno de ellos hubieran conformado una trama mafiosa para repartir ayudas ilegales. Y lo más sorprendente es que en las 152 sesiones habidas nadie de la acusación (el PP), ni la Fiscalía pidieran la devolución de estas ayudas que ellos consideran ilegales, 680 millones de euros y no miles de millones de euros como ha sostenido el candidato a la presidencia de la Junta, señor Moreno Bonilla. Ayudas que, al día de hoy, siguen percibiendo unos 6.800 trabajadores que, a tenor de lo instruido por la juez Alaya, fiscales y acusación particular consideran ilegales; ayudas a trabajadores de empresas en crisis y abocadas al cierre.

No se ha demostrado, tampoco, que los acusados crearon un sistema ilegal para el pago de las ayudas socios laborales. La causa general contra la Junta abierta por la juez instructora Alaya no se ha sostenido como tampoco las tesis del clientelismo que de haberlo merece un reproche político que no penal. Contra lo que se temía el caso de los ERE apenas si se dejó notar en las pasadas electorales.

Yo he sostenido en mis artículos que año tras año el Parlamento aprobaba la política de transferencias sin que se detectara operar fuera de la ley y que si la Intervención General advirtió de graves irregularidades - no ilegalidades- en el proceso de concesión de las ayudas y no intervino es la Intervención la que haya podido prevaricar. Lo fácil y lo rentable, con la juez Alaya como portavoz política, era acusar a Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez de haber dado cuerpo y ser los principales actores mafiosos que repartían ayudas a su antojo y malversaban millones de euros. Era lo más fácil, aunque no hubiera pruebas como se ha demostrado en el juicio, y lo más rentable políticamente. La acusación de prevaricación no se sostiene por cuanto no se ha demostrado y es sabido que para se contemple este delito se requiera un desprecio y deliberado de la ley, y no es el caso. Y tampoco se ha demostrado que se impidiera la fiscalización previa de las ayudas. ¿Dónde está, pues, esta causa general y cómo se sostiene la acusación de que la transferencia de fondos al IFA era una inteligente argucia presupuestaria parta evadir controles?

Demasiadas dudas, demasiados puntos negros, demasiadas pruebas sin comprobar, demasiada política interesada y mendaz ha rodeado a este juicio de los ERE que verá su sentencia a finales del año que viene. Yo me sigo preguntando, por conocerles, si Chaves, Griñán, Zarrías, Magdalena Álvarez y otros se habían jugado sus carreras, dignidad y honor cometiendo graves delitos sin obtener beneficio personal económico alguno con actuaciones que sí beneficiaron a unos 6.000 trabajadores de empresas en crisis aunque, por el camino, sí existieran quienes se aprovecharon de forma fraudulenta. Soy de los que creen que no hay prueba alguna que certifique, de manera clara y rotunda, la confabulación de los acusados para delinquir y que no hubo contubernio para eludir los controles de la Intervención General; sólo proclamas y juicios de valor como ha dicho el letrado de la defensa Alfonso Martínez del Hoyo. Lo que nadie podrá restituir serán los sufrimientos personales y familiares sufridos por los acusados, con un calvario difícil de digerir.

Frente Único de Derechas. Y a todo esto en Andalucía se está configurando el Frente Único de la Derecha (FUD), con voz y voto, con capacidad de decidir y actuar del partido de la extrema derecha Vox y que puede tener su prolongación en España. Es tanta el ansia de poder, de llegar al palacio de San Telmo del señor Moreno Bonilla que Vox se ha convertido en un aliado al que hay que adular. No será fácil la gobernabilidad de Andalucía y tanto Moreno Bonilla como Juan Marín sabrán que depender del voto y apoyo parlamentario de Vox será un peaje que les puede costar, y mucho, en las próximas elecciones. Los líderes de Vox han comenzado la reconquista de España montados a caballo en Andalucía y el padrinazgo de Aznar toma cuerpo y fuerza en Andalucía. La «aznarización» de Casado y sus huestes es ya una evidencia manifiesta. El discurso fascista de Vox ha tomado cuerpo de naturaleza en Andalucía, gracias al PP de Moreno Bonilla y a Ciudadanos de Marín. Lo quieran o no lo quieran. Aznar y Santiago Abascal se han hecho carne en Andalucía y Albert Rivera tendrá que tragar que la extrema derecha, repudiada por sus socios europeos, se siente en la mesa del Parlamento. Así se escribe la historia.