Pues ya está La Manada donde el Tribunal Supremo dice que debe estar, por el tiempo que no debería estar. Y son muchos los que se han subido al carro de forma descarada e imprudente. Desde políticos a periodistas, pasando por juristas, no han tardado en dejar su huella más o menos mediática, aportado su innecesaria opinión sobre una sentencia que ni siquiera ha sido redactada.
Sale Irene Montero, la desahogada de Galapagar, y nos dice que esta sentencia no hubiera sido posible sin el empuje del movimiento feminista. Menos mal que estaba ella y las que la sujetan para influir en el sentido condenatorio de la resolución. Si no es por ella nos quedamos mirando.
Sale el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, que no ha presenciado la prueba practicada (del principio de inmediación hablamos otro día), ni se ha instruido de la totalidad del sumario, ni ha asistido a las sesiones del juicio, y nos dice que el poder judicial debería tener una figura que explicase al público el sentido de las sentencias en casos mediáticos. Afirmación dañina, gratuita y malévola que, además de elevar al lenguaraz Joaquim Bosch al nivel de Churchill, nos deja varias preguntas: ¿Quién decide qué asuntos deben ser mediáticos?, ¿Son los medios, con sus portadas, quienes imponen a los jueces qué asuntos son apetitosos?, ¿Cómo explicas al público la motivación de un fallo sin mostrar los vídeos que constituyen el meollo probatorio del asunto?, ¿Quién sería ese gurú que arroje luz y paz al respetable?, ¿La sentencia se explicaría después de Sálvame o antes de El Objetivo? y la mejor para mí, ¿Quién diantres es el público para tener que explicarle el agrado o desagrado de una sentencia dictada conforme a Derecho y con todas las garantías procesales? La osadía de este magistrado y, por extensión, la asociación que representa, no conoce límites.
Sale Pedro Sánchez y nos dice que quiere a las mujeres, vivas, libres y sin miedo. Nos ha jodido mayo con las flores. Vergüenza debería darnos que tal perogrullada sea aplaudida como una heroicidad, y así lo entiende el padre de Diana Quer, que sale al paso y le recuerda al presidente que sí, que muy bonito, que muy bien, pero que sigue sin atender a los 3,2 millones de españoles que no quieren que se derogue la prisión permanente revisable. Te quiero mucho, perrito; pero pan, poquito.
Sale en directo la fiscal del caso, entrevistada en hora de máxima audiencia, ufana y pizpireta, y nos dice que es una satisfacción que el Alto Tribunal le haya dado la razón al apoyar su inicial tesis jurídica. Era agresión y no abuso. Vaya novedad. Lo que no cuenta la fiscal, tampoco le pregunta la periodista, es que el Tribunal Supremo señala en nota informativa coetánea a su adelantado fallo que todas las acusaciones, incluida ella como fiscal, se equivocaron al calificar los hechos y por su culpa, por su gran culpa, han maniatado al tribunal casacional y ya no pueden encarcelar a cada miembro de La Manada con penas hasta 10 veces superiores, que es el tiempo que según doctrina y jurisprudencia les correspondería. Qué. Cómo. Qué. Pues eso.
Sale el máximo representante de Vox en Andalucía, otro magistrado para más inri que tampoco ha conocido la causa, y nos dice sin recato, por más que luego lo borre, que la sentencia obedece a intereses bastardos y presiones de turbas feministas. Es decir, viene a afirmar lo mismo que la podemita Irene Montero pero mezclando prostitución, gatillazos y demás términos tan desafortunados como polémicos. A una la aplauden y al otro lo crucifican, y eso que ambos cometen exactamente el mismo error: decir que un tribunal es permeable a las presiones. En definitiva, prevaricador.
El gran público ha decidido esta vez que son días de vino y rosas para el Tribunal Supremo. La marabunta ha saciado su ruidosa ansia de justicia. Pero recuerden que hablamos del Tribunal Supremo. El mismo tribunal que acordó que las cláusulas suelo de los bancos eran legales y, posteriormente, fue desautorizado de forma ostentosa por la justicia europea.
Por lo que a mí respecta, La Manada puede pudrirse cien años en prisión o que el Tribunal Constitucional les conceda amparo. Me da igual siempre que se haga conforme a Derecho. Lo que no acepto, ni aceptaré, es que salga nadie, absolutamente nadie, a decirme que los jueces deben valorar la prueba en conciencia, conforme a la experiencia, a las reglas de la sana crítica y según mande el griterío del momento.
Todo lo que no sea celebrar el triunfo de la legalidad, sobra. En breve se dictará la resolución del Tribunal Supremo sobre el asunto catalán y ya veremos si los tontos de siempre convierten al juez Marchena en héroe o villano. Por falta de incautos metomentodos y entrometidos a sueldo no será. Quién sabe, puede que salga Belén Esteban, nos explica el contenido de la sentencia y, entonces sí, durmamos todos más tranquilos.
