07 de septiembre de 2019
07.09.2019
Málaga solidaria

Salvemos la hospitalidad

"No hay que olvidar que estamos hablando de personas y de humanidad y estas deben ser tratadas con todas las garantías y derechos que prevén las leyes. Hay que apelar a la solidaridad, pero primero a la legalidad"

07.09.2019 | 05:00

Durante los veinte días que duró el bloqueo al buque humanitario Open Arms en el Mediterráneo, Europa miró hacia otro lado desatendiendo el sufrimiento de más de un centenar de personas migrantes que, a falta de vías seguras, habían arriesgado sus vidas lanzándose al mar en frágiles embarcaciones. No fue hasta la madrugada del 21 de agosto, tras una orden de desembarco inmediato por parte del fiscal de Agrigento (Sicilia), Luigio Patronaggio, cuando las 83 personas que permanecían a bordo pudieron pisar por fin tierra firme en la isla de Lampedusa.

Lo denunciable de este bloqueo, de esta evidencia del fracaso de la solidaridad, es que no es un hecho puntual. Y es que se vienen incumpliendo en repetidas ocasiones las obligaciones y responsabilidades de auxilio y socorro por parte, en este caso, del Gobierno de Italia. Así lo indican los convenios internacionales de Derecho Marítimo de los que este país es firmante.

A pesar de que contamos con los mecanismos jurídicos para garantizar el derecho de estas personas a ser trasladadas a un puerto seguro, estamos siendo testigos de la debilidad de la Unión Europea a la hora de aplicar las normas y obligar a los Estados a cumplir sus compromisos con los derechos humanos más básicos.

En este sentido, es imprescindible que se cumpla la legislación internacional, y que sea la Comisión Europea, como garante de la normativa comunitaria, y los Estados que la integran, los que apliquen los mecanismos necesarios para frenar las políticas racistas y ultraderechistas como las demostradas por el exministro de Interior italiano Matteo Salvini.

Impidiendo el desembarco de las personas migrantes, el Gobierno italiano también puede estar obstaculizando procesos de solicitud de protección internacional en suelo europeo de hombres, mujeres y jóvenes que expresen su voluntad de ser asilados.

No hay que olvidar que estamos hablando de personas y de humanidad y estas deben ser tratadas con todas las garantías y derechos que prevén las leyes. Hay que apelar a la solidaridad, pero primero a la legalidad.

Las amenazas de multas de hasta 900.000 euros por parte del Gobierno de España a la ONG Proactiva Open Arms y la denuncia por parte de Vox ante la Fiscalía contra esta asociación por delitos de colaboración con organización criminal, no hacen sino criminalizar a las ONG que rescatan vidas.

Ante el bloqueo del Open Arms, el Gobierno español debería de haberse posicionado mucho antes y no exponer a las personas náufragas y a la tripulación a una dura travesía sin las condiciones humanitarias y logísticas adecuadas. También el Ocean Viking, de la ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée, esperó más de diez días con 356 personas a bordo la autorización para desembarcar, hasta que el Gobierno de Malta les concedió permiso para llegar a tierra el 24 de agosto.

Europa no debe permitir que estas situaciones se vuelvan a repetir. Porque no puede erigirse en cómplice de las 944 muertes en el Mediterráneo en lo que va de año, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.

Pero ante el cierre de puertas y fronteras, la solución no es un puerto solidario sino una regulación y compromiso de los Estados que garantice tanto el acceso permanente a los puertos europeos, como la atención adecuada de protección internacional a las personas migrantes que lo necesitan. Por ello, se hace imprescindible la existencia de vías seguras y legales. Para que las personas que emprenden un proyecto migratorio, sea por la razón que sea, no tengan que arriesgar sus vidas. No criminalicemos la solidaridad. Salvemos la hospitalidad.

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