Hasta dónde están dispuestos a llegar los candidatos para salirse con la suya es una estación desconocida. Acostumbraba a ser un tránsito trillado pero ya no. La Junta Electoral ha abierto un expediente de sanción a Pedro Sánchez por utilizar La Moncloa como espacio propagandístico. Ya lo había hecho en las anteriores elecciones, se lo tenían advertido y nada sucedió. Ahora han avisado por dos veces consecutivas y, a la tercera, la amenaza se materializa. La propuesta de sanción, una multa que ya sabemos en cualquier caso quién va a pagar, obra también para la portavoz Isabel Celaà por valorar los logros del Gobierno en una rueda de prensa del Consejo de Ministros.

En el pasado se produjeron advertencias pero jamás nadie llegó al extremo de sancionar a un presidente en funciones candidato por reiterarse en vulnerar la neutralidad de unas elecciones. Tampoco a ningún otro aspirante en campaña. Este principio parece tan sencillo y fácil de asimilar por un demócrata familiarizado con las reglas del juego que resulta imposible pensar en la posibilidad de saltárselo.

Dada la catadura del personaje no sirve de nada rasgarse las vestiduras por la insistencia de Torra en utilizar las instituciones para transgredir la ley con propaganda inconstitucional. En el computo de su desafío al sistema podría considerarse una pequeña vulneración. A Sánchez habría que exigirle, en cambio, otra ejemplaridad. La que predica cuando se refiere al desacato independentista, no cuando recibe al propio Torra, portando un lazo amarillo en la sede de Gobierno. La que predica de España como proyecto común, no la de la España plurinacional. Pero el candidato socialista es un ser mutante y dentro de su mutabilidad no siempre le es fácil distinguir entre el deber, la coherencia y sus urgencias particulares. Coincidiendo con el 28-A se sacó de la manga los «viernes sociales», un trampantojo electoralista que ha funcionado y por eso no duda en repetirse a sí mismo.