Puigdemont marca la política del gobierno «progresista»

De los decretos anticrisis sometidos a votación el pasado miércoles, el llamado omnibús, que afectaba al funcionamiento de la Justicia y al acceso a los 10.000 millones de euros de los fondos europeos, se aprobó por 172 votos contra 171. El segundo, que incluía un aumento del subsidio de paro no salió adelante por 176 votos en contra y 167 a favor. Junts se salió de la votación y Podemos votó en contra como había anunciado, justificando su negativa en el desacuerdo con la retirada de medidas sociales, aunque en realidad se trataba de consumar su venganza contra Yolanda Díaz por el ninguneo a Podemos y a Irene Montero. El tercero, que contemplaba la bajada del IVA en los productos básicos, de la factura de la luz, la gratuidad en cercanías y trenes de media distancia, el 30% del descuento en transporte público urbano e interurbano y la subida del 3,8% de las pensiones, decayó al ser el empate a 171 votos el resultado de la votación. Se repitió la votación aprobándose de forma agónica por 172 votos contra 171 con la abstención de Junts, que corrigió la amenaza de voto en contra y, al límite, posibilitó su aprobación con las contrapartidas aceptadas por Sánchez. Se acepta la reforma del artículo 9º de la ley de sociedades, que faculta a las empresas al fijar su sede tanto en el lugar desde donde se dirige como en el que se realiza el grueso de la producción. Junts exige que se sancione a las empresas que salieron de Cataluña con motivo de los sucesos de 2017 y se nieguen a volver; también que se incentive a las empresas que regresen a Cataluña. También ha conseguido Junts la eliminación del artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que ponía en riesgo la ley de amnistía, las competencias de inmigración para Cataluña y la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%.

Con esta primera derrota en un decreto y las concesiones a Junts para salvar el de las medidas anticrisis, empieza a visualizarse la advertencia de Puigdemont de que haría «mear sangre» a Pedro Sánchez. Si la toma en consideración de la ley de amnistía después que el presidente del Gobierno rectificara sus compromisos de no asumirla por estar en contra de Constitución y pasara a «hacer de la necesidad virtud» y aceptarla por considerarla «impecablemente constitucional» supone una vulneración flagrante del artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Si, además, vulnera la separación de poderes propia de todo Estado de Derecho, al anular las sentencias judiciales por las que fueron condenados los golpistas catalanes, ejerciendo el Congreso de los Diputados de instancia judicial suprema, se consumaba una clara deriva anticonstitucional del Gobierno. Ahora, las exigencias de Junts suponen otra vuelta de tuerca en ese rumbo hacia no se sabe dónde del país en su conjunto. Además de vulnerar la exigencia de Junts el artículo 9º de la ley de sociedades, también vulnera el artículo 38 de la C.E. donde se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Tal exigencia, continuación de la de la amnistía, significa otro paso en contra de las libertades públicas exigido por el nacionalismo independentista. Ya no es sólo que se desobedezcan las sentencias del Tribunal Supremo sobre la enseñanza de, como mínimo el 25% del castellano, en Cataluña, ahora se pretende acabar con la libertad de empresa y, por ende, con las libertades. La libertad es una e indivisible y acabar con la de la empresa es acabar con las libertades ciudadanas. Que Cataluña tenga las competencias sobre la inmigración supone el control sobre sus fronteras o sobre la aceptación del reparto de cupos de inmigrantes ilegales, como si ya no perteneciera a España, otro inmenso desatino.

El desarrollo agónico de la sesión del miércoles permite comprobar hasta qué punto la actividad legislativa de la mayoría «progresista» que sostiene el Gobierno de Sánchez no la marca ese Gobierno sino Puigdemont, el prófugo de la Justicia desde Waterloo, con los siete votos de Junts. Por mucho embeleco con el que Sánchez intente disfrazar de progresista lo que es una mayoría heteróclita de intereses contrapuestos de minorías independentistas de derecha y extrema izquierda aliadas con el comunismo de Sumar, la realidad es que de progreso no tiene nada, es un totum revolutum del que cada minoría pretende sacar beneficio político a cuenta de mantener en el poder al autócrata Sánchez. Puigdemont sólo se permitió darle respiración asistida cuando parecía que iba a provocar su primera gran derrota parlamentaria, que sólo fue parcial, en un decreto. Llevó a Sánchez al límite, pero no lo traspasó no fuera cosa que ante el putiferio que se hubiera formado le entrasen tentaciones de convocar elecciones anticipadas y se acabara el chollo de la gallina de los huevos de oro. Puigdemont sabe que no es probable que se repitan las circunstancias que le han otorgado tanto poder y quiere tiempo para obtener todas las contrapartidas que le permitan volver a Cataluña libre e investido como líder indiscutible del nacionalismo catalán. Lo que se dilucidaba no sólo eran las medidas contempladas en los decretos, se trataba de hacer visible quién tenía el poder de decidir sobre la política de la mayoría y del Gobierno. La conclusión parece que es obvia, no lo tiene Sánchez, lo tiene Puigdemont con sus siete votos. Ésa es la gran hazaña de Sánchez.

Una acotación final. Feijóo declaró al final de la jornada que si hubiera sabido que la política consistía en lo que había vivido los últimos meses, los últimos días y las últimas horas, no se hubiera dedicado a ella. Si Feijóo después de tener altas responsabilidades en la empresa publica (Insalud, Correos), secretario general del Mº de Sanidad, consejero de Obras Públicas en la Junta de Galicia, parlamentario en la asamblea gallega, presidente de la Junta en cuatro legislaturas, presidente del PP y senador y candidato a presidir el Gobierno, hace esa declaración es que no se ha enterado de nada. Somos muchos los que necesitamos muchísimo menos tiempo para darnos cuenta de las miserias de la política partidista en España. A buenas horas se cae del guindo. ¿Así quiere liderar, reconociendo que no se ha enterado de nada?

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