El rascacielos del puerto y el Consejo de Ministros

Tras la aprobación definitiva de su tramitación urbanística, los impulsores del rascacielos que se pretende erigir en el puerto de Málaga intentan extender la idea de que la decisión del Consejo de Ministros debe considerarse como un mero trámite más, ya que, como toda la tramitación estaría en regla, sólo cabría su aprobación. Algo así como si se tratara de una licencia de obras o una beca: si cumples lo requisitos, tienes derecho a ella. Inversamente, si el Consejo de Ministro no diera su aprobación, se consideraría una decisión arbitraria y supuestamente contraria a Málaga.

Una estrategia hábil, sin duda, pero basada en argumentos falsos. Comencemos por el principio: construir hoteles en los puertos está prohibido por la propia ley de puertos. ¿A qué se debe esta prohibición? Entre otras razones, precisamente para evitar lo que está sucediendo en el puerto de Málaga: que hoteles que en el resto de la costa no pueden construirse tan cerca del mar, utilicen los puertos para eludir esa limitación. O que, en entornos urbanos y litorales saturados, se aprovechen de la disponibilidad de espacios y la centralidad urbana que algunos puertos, como el de Málaga, ofrecen. Todo esto en pleno cambio climático, con el nivel del mar subiendo y con el aumento de riesgos extremos, como el de temporales marítimos.

Lo que la ley contempla, con carácter excepcional, es un posible levantamiento de la prohibición existente. Por tanto, lo que se tendrá que solicitar no es una simple autorización, sino que se levante una prohibición. Obviamente, la tramitación seguida debe cumplir con la legalidad, antes de ser estudiada por el Consejo de Ministros; siguiendo la misma lógica, si se detectara algún incumplimiento legal o indicio fundado de incumplimiento, la petición no sería ni siquiera valorada.

Interés general, no particular

La ley indica que un hipotético levantamiento de la prohibición debe seguir razones de interés general. Recalcamos: interés general, no interés particular. Si dijera ‘interés particular’, tengan por seguro que en el caso del rascacielos del puerto el levantamiento se produciría de forma inmediata, entre vítores y aclamaciones de los ministros puestos en pie.

Y es que difícilmente podríamos encontrar un proyecto que represente mejor el interés particular. Por un lado, sus impulsores son tan pocos que cabrían en un taxi. Por otro lado, el procedimiento seguido se encuentra en las antípodas de una decisión colectiva: alguien, y no la Administración, ha decidido hacer lo que quiere, de la forma y el tamaño que quiere y, ojo, dentro de un espacio público, en el lugar exacto que quiere. La Administración se ha limitado a hacer realidad este deseo, apostando por él y cambiando lo que hubiera que cambiar para hacerlo posible, comenzando por el planeamiento urbano y terminando (si nadie lo impide) por apagar la Farola.

Apagar la Farola tendrá un coste de un millón de euros y requerirá autorización

Sin alternativa seria ni concurso

No se ha planteado seriamente alternativa alguna, ni de lugar, ni de uso, ni de edificio. Por no haber, ni siquiera ha habido un concurso, ni de ideas ni de proyecto arquitectónico. Simplemente, alguien señaló con el dedo un sitio y a partir de ahí la Administración dedicó miles de horas de trabajo de sus empleados para cumplir ese designio.

Pero, como decimos, el Consejo de Ministros debe tomar su decisión siguiendo razones de interés general. Y esta es la cuestión clave, lo que entienda el Consejo de Ministros como interés general: un proyecto de claros tintes especulativos, que responde al desarrollismo más añejo o la defensa del patrimonio de la ciudad, cultural, ambiental y paisajístico, la protección frente a los riesgos ambientales, el respeto al litoral y la apuesta por un modelo urbano y turístico sostenible. Previamente, el Consejo de Ministros debe recibir un informe de Puertos del Estado, que es preceptivo, pero no vinculante: la decisión será, por tanto, puramente política, es decir, ideológica, tal y como fue la decisión del pleno municipal de apoyar el cambio del planeamiento urbano para dar cabida al rascacielos.

No es replicable

Como indicamos, el hipotético levantamiento de la prohibición tendría, por ley, carácter excepcional; es decir, que no es replicable, sino que cada caso particular tendrá una respuesta, en un sentido u otro. Es importante señalar esto, ya que, con frecuencia, se alude a la autorización que concedió el Consejo de Ministros para la construcción de un hotel (que no era el hotel Vela) en el puerto de Barcelona, como si fuera un precedente jurídico, lo que es evidentemente erróneo.

En aquel caso, el Consejo de Ministros levantó la prohibición. Pero es importante contextualizar aquella decisión. Por un lado, se produjo en el año 1999, hace ya prácticamente un cuarto de siglo; por otro, el contexto político y económico era radicalmente diferente: Aznar era presidente del Gobierno y se vivía en plena vorágine urbanística, propiciada, fundamentalmente, por la liberalización constructiva que trajo consigo la ley del suelo elaborada en 1998 por ese mismo gobierno. El actual Consejo de Ministros, por tanto, deberá decidir si toma como referente dicha época y dicho gobierno o si aspira a seguir los modelos urbanos más contemporáneos, avanzados y sostenibles. La época del pelotazo urbanístico o el siglo XXI.

El argumento que esgrimió el Consejo de Ministros de 1999 para justificar el interés general fue el previsible aumento del tráfico de cruceros en el puerto de Barcelona y la supuesta necesidad de ofrecer alojamiento a los pasajeros. La cifra que se daba, 450.000 pasajeros, era engañosa, ya que se correspondía con la del tráfico total de cruceros existente, no la de aquellos que tenían a Barcelona como puerto base (la mayoría de los pasajeros duermen en el barco).

El mismo argumento

Resulta llamativo que los promotores del rascacielos del puerto hayan utilizado, 25 años más tarde, el mismo argumento y parecidas cifras, aunque, en este caso, en lugar de señalar el volumen actual de cruceristas, las cantidades aportadas se corresponderían con una supuesta proyección de futuro.

Según recogen los medios de comunicación, el rascacielos (y no Málaga) atraería, él solito, más de 300 cruceros y 500.000 turistas más al año, todos ellos, al parecer, deseosos de visitar el mamotreto. Por supuesto, esta previsión, que supondría duplicar el número actual de cruceros y de pasajeros que llegan al puerto de Málaga, no se sabe de dónde sale, de qué forma se ha obtenido, ni quién ha hecho esos sesudos cálculos. Se trata, obviamente, de un simple mensaje publicitario, no precisamente humilde, por otra parte.

Pero vamos a hacer un ejercicio de ingenuidad y candidez colosal, de los que no se recuerdan, e imaginemos por un momento que esas cifras fueran rigurosas. ¿Dónde meteríamos a medio millón más de cruceristas? ¿En calle Larios? ¿Dónde pondríamos a los malagueños que todavía, sintiéndose extraños, intentan pasear por el centro histórico de su ciudad? ¿Qué haríamos con el doble de polución procedente de cruceros en el aire que respiramos los malagueños? ¿Es eso sostenibilidad, esa palabra que, vaciada de sus contenidos, pretende vender el Ayuntamiento? ¿Es eso turismo sostenible?

La respuesta, lógicamente, es que no. Mientras que las ciudades turísticas más avanzadas tratan de regular el tráfico de cruceros y de limitar su número, aquí se lanzan como mensajes positivos duplicar el número de turistas y de cruceros, aunque sea con cifras inventadas, y aumentar así hasta el infinito la presión turística. Porque, ya puestos, ¿por qué no, en lugar de duplicar, multiplicamos por 10, 20 o 500 el número de cruceros o de turistas?

Dos modelos de ciudad

La utilización de estas cifras imaginarias pretende condicionar la decisión del Consejo de Ministros utilizando los mismos argumentos manejados hace 25 años, en otra época, en plena fiebre de la construcción, cuando apenas se hablaba de cambio climático. El propio dique de levante ejemplifica a la perfección el tiempo transcurrido: en 1999 se acababa de construir; en 2024 se intenta detener su galopante deterioro con una urgente y costosa reparación.

No obstante, esas fantasiosas cifras tienen una virtud: muestran a la perfección el modelo de ciudad que defienden los impulsores y defensores del rascacielos del puerto. Frente a ese tipo de ciudad, se sitúa un modelo urbano que busca la sostenibilidad, orientado al bienestar de sus ciudadanos, con un turismo igualmente sostenible; una ciudad que protege su identidad, su medio ambiente, sus valores paisajísticos y su patrimonio cultural. El Consejo de Ministros tendrá que decidir cuál de los dos modelos representa mejor el interés general.

(Matías Mérida es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Málaga)