Las cárceles españolas son un polvorín por la falta de psiquiatras, según los sindicatos: "Las prisiones se han convertido en manicomios"

El pasado 18 de agosto, un preso agredió a un médico de la cárcel de Ocaña (Toledo) y le desfiguró el rostro. Tres días después, dos funcionarios resultaron heridos de distinta consideración al ser agredidos por un interno en la prisión de Campos del Río (Murcia). Esa misma semana, una pelea multitudinaria entre dos grupos recluidos en la cárcel de Alcalá-Meco acabó con 10 presos en régimen de aislamiento. En esa misma prisión, hubo que desalojar un módulo entero porque un preso quemó el colchón de su celda para fugarse el 23 de agosto.

Los incidentes en las prisiones españolas se multiplican. Los funcionarios tienen claro el origen: "Calculamos que el 90% de las agresiones que se producen en las cárceles españolas actualmente vienen de presos que sufren enfermedades mentales. Porque sólo hay dos prisiones en España para este tipo de reclusos. Una en Sevilla y otra en Alicante. El resto ingresan en prisiones comunes. Y no hay médicos suficientes para tratar a estos pacientes".

Se lo cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, Sergio García, del sindicato de prisiones CSIF, para señalar el foco de un problema que se ha enquistado en toda España: la carencia de personal sanitario en las prisiones españolas. Un problema del que vienen alertando los funcionarios de prisiones desde hace años, y que se agrava en verano, la estación del año más crítica para la vida en prisión.

Caliente verano

"El calor, la falta de actividades, el pensar en que es la época del año en la que deberían estar con sus familias de vacaciones pero se ven presos. Es un cúmulo de factores que hace que la vida en prisión durante estos meses del año sea más complicada", explican desde el sindicato ACAIP.

Pero el verano es inevitable. La falta de sanitarios, no. Y las cárceles españolas se encuentran bajo mínimos en este sentido, o eso denuncian desde todos los sindicatos de prisiones. Faltan médicos en general y psiquiatras en particular. Y las carencias el tratamiento de los trastornos mentales son un pez mordiéndose la cola, porque convierten a las cárceles en el caldo de cultivo ideal para que crezcan las agresiones. "Las prisiones se han convertido en manicomios", sentencian desde el sindicato.

"Ahora mismo, en la prisión de Valencia, hay 2.050 internos y solamente 4 médicos. Dos de ellos son doctores titulares y los otros dos son chicos en prácticas. Que seguro que lo hacen lo mejor posible, pero se les están atribuyendo unas responsabilidades que no deberían tener que estar asumiendo ellos", resume Alberto Téllez, Secretario Nacional de Salud Laboral del sindicato ACAIP-UGT.

Sin médicos

"Según datos oficiales, de las 525 plazas de médicos existentes en las prisiones españolas, hay 336 vacantes. Eso supone que el 64% de las plazas están sin cubrir. Ese es el porcentaje nacional, pero hay prisiones en las que esa cifra de puestos médicos sin cubrir sube hasta el 90%, como es el caso de Zuera, Castellón 2 y Valladolid. Otros, como Murcia, Tenerife o Cáceres no tienen ninguna plaza cubierta. En otros, la atención es muy precaria por el déficit de facultativos", prosiguen desde el sindicato mayoritario.

"No hay médicos", prosigue Sergio García de CSIF, "y lo que encontramos es a enfermeros haciendo teleasistencia con una cámara o realizando las labores que le corresponden a los doctores. Prescribiendo medicamentos o firmando una salida". En materia de salud mental, García habla de una proporción de "0,3 psiquiatras para cada mil presos en nuestro país. Vienen una vez por semana y tienen que atender a muchos presos con trastornos".

Más números: "Casi el 40 por ciento de los internos que hay en las prisiones son reclusos con problemas mentales, que dependen de tratamientos psiquiátricos y medicación con psicotrópicos. Si no se les mantiene una pauta, se produce una descompensación y eso se traduce en agresiones. Tanto a internos como a funcionarios", resumen Alberto Téllez de ACAIP.

46 para 50.000

De hecho, si la carencia de sanitarios en general es alarmante, la de psiquiatras es desoladora. Sin contar las prisiones de Navarra, Cataluña y País Vasco (las CCAA que ya han asumido las competencias de sus cárceles), el resto del sistema sanitario español en prisiones cuenta solamente 46 psiquiatras para 50.000 presos).

El problema, prosiguen estas fuentes, se halla en que "los presos mentales no te reconocen. Se automedican o dejan de tomar la medicación que le han dado para venderla. Y eso genera un clima propicio para que se multipliquen las agresiones y los episodios violentos que siempre acaban sufriendo los funcionarios", sentencian desde CSIF. Y si no agreden, se autolesionan. En 2021 (último año del que se disponen datos oficiales), en las cárceles españolas se registraron 3.498 autolesiones, de las que 87 fueron consideradas graves.

La dispensación de los medicamentos psicotrópicos es otra de las claves que señalan los funcionarios de prisiones. Desde el penal de Murcia cuentan que "se reduce la dispensa de este tipo de medicamentos desde hace un tiempo, por orden de la Secretaría General, y con eso estás generando una situación de 'mono' colectivo en la cárcel. Eso dispara la agresividad entre los reclusos", explcia Fran Mauri, adjunto a la Secretaría General de ACAIP.

Ser autoridad

Una de las reclamaciones recurrentes de los trabajadores en las prisiones es la de sacar adelante una reforma legal que les incluya entre los funcionarios que tienen la consideración de agentes de la autoridad. Ello facilitaría que algunos de los incidentes y agresiones denunciados pudieran ser calificados de delito de atentado y no quedarse en un mero asunto interno, con meras consecuencias disciplinarias para sus autores.

El marzo de 2022, el Congreso de los Diputados dio un primer paso al tomar en consideración una proposición de ley impulsada por el PSOE en este sentido. Desde entonces, sin embargo, la idea no ha avanzado en el órgano legislativo, y decayó al finalizar la legislatura. Se trata de una vieja reivindicación del colectivo tanto que tanto el PP como Vox y en su día Ciudadanos han llevado al Parlamento en distintos momentos, pero sin conseguir los apoyos necesarios ante el rechazo, entre otros, del PSOE.

En esta última intentona, ya a propuesta del PSOE, se plantea concretamente reformar el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer, "a efectos legales", el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que contempla "resarcir económicamente" a quienes sufran daños en sus puestos de trabajo. Habrá que esperar a conocer si la legislatura que comience a resultas de las elecciones del 23J retoma y aprueba finalmente el cambio.

Prisiones autónomicas

Otra de las claves de que la situación médica en las prisiones es la cuestión de las competencias. Estaba prevista la transferencia por ley a las Comunidades Autónomas, "pero las únicas que las han reclamado han sido Navarra, Cataluña y Euskadi, que es donde están mejor", explican desde CSIF.

Este diario se ha puesto en contacto con Instituciones Penitenciarias, desde donde apuntan que "la línea prioritaria de trabajo en la Secretaría General es seguir avanzando en lo que quedó recogido en la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud en el año 2003: “Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. 

"Desde 2018, el actual equipo al frente de la Secretaría General ha establecido contacto con los responsables territoriales de Sanidad para abordar esta cuestión. En 2021 Navarra asumió los servicios sanitarios. Está también transferida la competencia a País Vasco y Cataluña. En cuanto a los profesionales sanitarios, en este momento, la Administración Penitenciaria está gestionando incorporaciones de interinos que se podrán ir concretando cuando se hagan efectivas", señalan desde la administración.

"Por otro lado, se han activado todos los recursos para garantizar la asistencia sanitaria a las personas privadas de libertad. Por ejemplo, se han firmado con distintas comunidades autónomas convenios de interoperabilidad de la historia clínica digital y se ha puesto en marcha un proyecto de guardias médicas de apoyo telemático para aquellos centros que precisen un refuerzo. Ante cualquier urgencia o necesidad extraordinaria, el personal sanitario de los centros se coordina con los hospitales de referencia para el traslado y atención de aquellos internos o internas que lo precisen", concluyen desde Instituciones Penitenciarias.

Lo que piden los funcionarios, no obstante, es que se incremente el número de funcionarios, que se les dé rango de autoridad y que se cumpla el número de médicos que debería haber en las prisiones españolas. Un objetivo que, de momento, está muy lejos de cumplirse. Y cada vez parece más complicado, porque, tal y como explican los funcionarios de prisiones: "En estas condiciones, cada vez es más difícil encontrar a gente que quiera trabajar en prisiones":