Agresiones sexuales a menores

España incumple la obligación de contar con juzgados especializados en violencia hacia los niños

La investigación también arroja luz sobre las "carencias" que tiene el sistema judicial y que provocan que "no esté a la altura de la infancia", en palabras de Carolina Perazzo, directora de incidencia social de la citada onegé

James Rhodes durante un acto en contra de los abusos sexuales.

James Rhodes durante un acto en contra de los abusos sexuales. / JOSÉ LUIS ROCA

Patricia Martín

La ley de protección a la infancia, más conocida como 'ley Rhodes' en referencia al pianista James Rhodes que sufrió abusos sexuales en su niñez, obligaba a contar con juzgados especializados en la violencia que sufren los niños en junio de 2022 pero España "va más de un año tarde", según ha denunciado Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, este jueves en la presentación de un estudio que analiza casi 400 sentencias sobre abusos sexuales y concluye que ocho de cada diez agresores son conocidos por las víctimas. Es decir, son parientes, educadores, monitores, vecinos...

La investigación también arroja luz sobre las "carencias" que tiene el sistema judicial y que provocan que "no esté a la altura de la infancia", en palabras de Carolina Perazzo, directora de incidencia social de la citada onegé. Dichos fallos podrían resolverse si España pusiera en marcha la especialización de los juzgados pero, durante la pasada legislatura, hubo tres proyectos legislativos donde se podría haber reformado el sistema judicial -sin aprobar una ley específica- pero ninguno de ellos llegó a ver la luz. Por ello, Save the Children ha pedido este jueves al nuevo Gobierno que "priorice" la especialización judicial en infancia durante la próxima legislatura.

Solo en el 24,9% de los procesos por abuso sexual a menores se utiliza la prueba preconstituida, que permite grabar el testimonio y que el niño no tenga que repetirlo

Para cumplir con la 'ley Rhodes' se deberían especializar tanto los juzgados de instrucción como los de enjuiciamiento y es "esencial" que haya una fiscalía específica de violencia contra la infancia, diferenciada de la fiscalía de menores (que se ocupa, entre otras competencias, de los menores que comenten delitos). Asimismo, la norma prevé que se imparta formación especializada a los operadores jurídicos, que haya una asistencia letrada a las víctimas desde el inicio al fin del proceso y, sobre todo, que todos los menores de 14 años puedan declarar a través de la prueba preconstituida, que consiste en grabar su declaración durante la fase de instrucción para que el niño no tenga que repetir, una y otra vez, las agresiones sexuales sufridas, ante desconocidos, lo que supone una victimización secundaria.

La prueba preconstituida

Según el análisis de las casi 400 sentencias, solo en el 24,9% de los casos se utilizó la prueba preconstituida. En el resto, el menor tuvo que declarar hasta tres veces, ante la policía o guardia civil, la fiscalía y el juez. "Esto supone que revivan la violencia, en un espacio no adaptado o con profesionales que no son especialistas y no saben como tratar a los niños", ha denunciado Perazzo. Asimismo, el informe revela que en el periodo 2019-2020 el 67,3% de los procesos se resolvieron en dos años y en el binomio 2021-2022 solo el 23,5%. "No sabemos las razones pero es importante recalcarlo porque el proceso judicial no puede convertirse en un calvario", ha señalado la directora de incidencia social de Save the Children.

Afortunadamente, la situación podría cambiar en el futuro porque las autonomías van, poco a poco, implantando el modelo Barnahus (que se traduce como casas de niños en islandés). Las Barnahus consisten en un espacio de atención integral a niños que han sufrido agresiones sexuales donde todas las instituciones se coordinan y trabajan bajo un mismo techo para evitar la victimización secundaria. En este espacio se puede realizar la grabación del testimonio del niño en un entorno amigable, con la tecnología adecuada y profesionales especializados. Por ello, el Consejo de Europa recomienda su implantación.

En España la primera Barnahus se abrió en Tarragona en 2020 y desde entonces siete autonomías están siguiendo el mismo camino. Es inminente la apertura de una casa para niños víctimas de abusos sexuales en Madrid y otra en Euskadi. "La extensión del modelo Barnahus y de las especialización de los juzgados deben ir de la mano", ha reclamado Carmela del Moral.