Dos años de okupa en su propia casa de Cartagena

"Nací dentro de esta casa", sentencia Juan Carlos, vecino de La Aljorra, en Cartagena, que llegó a estar de okupa en su propio domicilio durante más de dos años, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) le ha dado la razón. Su abogado, Carlos García Gil, ha conseguido una sentencia que permite al vecino conservar su vivienda, tras años de pleitos con la entidad bancaria Cajamar. Estuvo a punto de quedarse sin la casa por una deuda de 2.000 euros.

"Desde que tengo 20 años, y tengo ahora 61, estoy con préstamos", rememora Juan Carlos, que admite que pasó "una mala racha" que le llevó a estar a punto de perder su casa.

Mala racha que le llevó a deber 2.000 euros al banco. Entonces "sin previo aviso, y con esa deuda de 2.000 euros, directamente actuaron", manifiesta.

Lo peor fue que "antes de que la sacaran a subasta, yo había llegado a un principio de acuerdo con el director de la oficina: habíamos quedado para septiembre para formalizar el acuerdo, pero el departamento jurídico lo llevó a subasta a finales de agosto".

"He sido okupa, sí", admite el hombre, que convive en la casa con su hija pequeña, de 14 años.

Requirió la ayuda del letrado García Gil, quien explica a La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica, que "ya me llegó con la ejecución hipotecaria bastante avanzada". Aunque ganaron en primera instancia, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial admitió el recurso presentado por Cajamar. El abogado acudió al TC.

Y es que "por una deuda de 2.000 euros, le dijeron que ya no querían esos 2.000, que querían los 40.000 del préstamo: eso no se puede considerar un incumplimiento grave", subraya.

En concreto, Juan Carlos dejó en su momento sin pagar seis cuotas mensuales, por importe de 2.140,86 euros, algo que, reitera el letrado, "no puede ser considerado grave en los términos previstos en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pues, según se objeta, nos encontramos ante un préstamo de refinanciación y en ningún caso puede tildarse tal cuantía como un incumplimiento grave de sus obligaciones deudoras, más cuando ha quedado manifiestamente clara la mala fe con la que ha actuado la entidad bancaria".

El TC, al darle la razón a Juan Carlos, en una resolución fechada el 23 de octubre, resalta que "ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su dimensión como derecho a una resolución motivada y fundada en derecho".

Por tanto, ordena "restablecer al recurrente en su derecho y anular la providencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia en octubre de 2021 y todo lo actuado en dicho procedimiento desde esa resolución". En este sentido, el tribunal establece que hay que "retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a que se pronunciase la providencia de octubre de 2021, a fin de que se resuelva lo procedente de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado".

Ahora "la casa vuelve a ser suya", aunque "sigue debiendo al banco el préstamo de 40.000". Durante el tiempo que ha okupado la vivienda "no ha pagado nada". La resolución del TC es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. Juan Carlos "no llega a ser consciente de lo que significa una sentencia del Constitucional", apunta su abogado, que ya sabe lo que es que este órgano judicial le dé la razón: lo hizo anteriormente en otro asunto.

A la hora de subsanar la deuda actual "vamos a empezar de cero y ver en qué condiciones abona el préstamo", comenta.

A este respecto, Juan Carlos indica que "tengo una deuda con ellos que estoy dispuesto a asumir", así como que "ahora Cajamar tendrá que mover ficha".

"Trabajo no tengo; ingresos demostrables, tampoco, aunque tengo mi manera de ganarme la vida, lógicamente", admite el vecino, que insiste en que "tengo unos buenos ahorros apartados para este tema. Espero que lleguemos a un acuerdo de alguna manera". "Y con la sentencia, estoy muy satisfecho".