La Fiscalía defiende ante el Supremo que la devolución de menores a Marruecos en 2021 vulneró sus derechos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha tenido oportunidad este martes de escuchar los argumentos de la Abogacía del Estado, en nombre de la Delegación del Gobierno, y de la ciudad de Ceuta a favor de la devolución de menores a Marruecos que se realizó en agosto de 2021 de forma prácticamente automática tras el salto masivo de migrantes que se había producido en mayo. En el estrado contrario, la Fiscalía del alto tribunal discrepó y sostuvo que se incumplió el acuerdo que suscribieron ambos países en 2007, porque "las circunstancias excepcionales no justifican el incumplimiento del imperio de la ley", destacó el que fue magistrado del Tribunal Constitucional hasta la última renovación del órgano y ahora es fiscal jefe de lo Contencioso, Antonio Narváez.

La Sala presidida por Pablo Lucas debe decidir si ratifica el auto de un juzgado ceutí, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró vulnerados los derechos de los menores y ordenó adoptar las medidas para proceder a su retorno, o estima los recursos de la Abogacía de Estado, en nombre de la Delegación del Gobierno, y de Ceuta, y legitima la devolución de menores por las circunstancias excepcionales que supuso la entrada de 1.500 menores, en mayo de 2021, que se sumaban a los que ya estaban en la ciudad autónoma, cuyos servicios quedaron totalmente superados.

La Abogacía del Estado defendió la devolución de los menores, que insistió que "ya son mayores de edad". Argumentó que no se hizo por la "vía de hecho", sino por el procedimiento previsto en el acuerdo suscrito entre España y Rabat de 2007, cuyo artículo 5.2 permite a las partes, que son Estados soberanos, dotarse de un procedimiento que conduce al retorno, tal y como se realizó.

Explicó que ambos países "se comunicaron a través de los Ministerios de Interior, pese a la crisis diplomática", que se produjo, aunque la fiscalía dijera que no la había en sentido extricto. "Las autoridades de Marruecos manifestaron la posibilidad y ningún menor se opuso al retorno, ni siquiera los que presentaron un 'habeas corpus' (para ser conducido con celeridad ante un juez por detención ilegal). Es un procedimiento pactado entre el Reino de España y el de Marruecos por el interés del menor", insistió el representante de la Delegación del Gobierno.

Auténtica invasión

El abogado que representa a Ceuta, por su parte, calificó el salto de "auténtica invasión" y recordó "a las decenas de miles de inmigrantes deambulando" por la ciudad, así como la circunstancia de que Marruecos no reconozca a Ceuta como parte del territorio español, lo que dificulta cualquier acuerdo. Aseguró que en esta ocasión el propio rey de Marruecos había instado en persona a la devolución de los menores.

Por su parte, Patricia Fernández Vicents, de la Coordinadora de Barrios, que ejerce la acusación en nombre de una veintena de menores que fueron expulsados, admitió que el "impacto que tuvo sobre la sociedad ceutí es innegable, pero no fue una crisis migratoria, sino humanitaria como consecuencia de una crisis entre relaciones del Gobierno y Marruecos. El gobierno no puede resolver esta crisis con medidas 'ad hoc'". Añadió que "lo que nos demostraron los hechos de mayo es que Marruecos no estaba capacitado para amparar a los menores", que previamente "había mandado contra la valla".

"Los hechos están ahí y lo que hay que plantearse es si en un Estado de derecho, que se caracteriza por la defensa de los derechos fundamentales con garantías sustantivas, se respetaron las garantías procesales", afirmó el fiscal Narváez, para concluir que "en ningún caso", porque hubo "un alud de 1.500 o 1.200 menores que estaban en la ciudad bajo una situación de desamparo y se llegó a un acuerdo para que en agosto se retornen a marruecos sin haber individualizado e identificado a las personas, sin hacer ninguna actuación" que ofrezca garantías administrativas y judiciales a esos niños y jóvenes.

Tras discutir que el tratado alegado por la Abogacía del Estado sea tal, porque no había sido ratificado por las Cortes, recordó que, en cualquier caso, prevé que se observe el interés superior del menor y la legislación interna de cada Estado. "No se han cumplido las garantías. Son menores en una situación de desamparo. Sin tutela ni representación más alla de la que les ofrecía Ceuta. Al devolverlos, no tienen ninguna garantía", insistió el fiscal para recordar que "no es necesario un daño efectivo, sino que basta con el riesgo relevante de que se produzca", lo que con los menores marroquíes ocurrió tanto con la actuación de Ceuta como con la de la Delegación del Gobierno.