¿Puede España convertirse en un país abolicionista de la prostitución?

La ministra Ana Redondo, desde que recogió la cartera de Igualdad, ha mencionado en varias ocasiones que el abolicionismo está en su agenda. "La prostitución es una forma de violencia, y nos declaramos abiertamente abolicionistas. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y niñas no sean prostituidas. Queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de consumo", aseguraba en la última Comisión de Igualdad del Senado, remarcando, además, que la trata no puede desligarse de la prostitución por entender que son "dos caras de la misma moneda". Por eso, subrayó como "imprescindible" penalizar la demanda de prostitución y perseguir cualquier forma de proxenetismo.

Este mismo viernes, en el Consejo de Ministros extraordinario anunciaba la aprobación del anteproyecto de ley de trata para abordar la trata con fines de explotación sexual. "No es una ley punitivista, está centrada en la protección y sensibilización y para actuar frente a todas sus formas", aseguraba en la rueda de prensa. En ella, anunció que habrá un grupo de trabajo con asociaciones y colectivos familiarizados con víctimas de este delito que atenta a los derechos humanos en paralelo al inicio de su trámite legislativo.

Pero su propuesta para acabar con la explotación sexual no finaliza aquí: Redondo también anunció que su grupo presentaría una oposición de ley para que las tercerías locativas sean penalizadas y el artículo 187 del Código Penal recoja este delito, mostrando la intención del PSOE de recuperar una propuesta que hizo en la legislación pasada para perseguir y penalizar a los dueños de los pisos o locales donde las mujeres ejercen la prostitución, a través de una enmienda en la ley del sólo sí es sí.

Por aquel entonces, en el 2022, la propuesta recibió el apoyo del PP para iniciar su trámite, pero supuso un punto de debate entre el PSOE y su anterior socio de Gobierno, Unidas Podemos. También se encontró con la oposición de otros de sus socios parlamentarios. Preguntados por ello, su nuevo socio, Sumar, no indica su postura. En su programa únicamente aparece la palabra "prostitución" para decir que "se buscará también consolidar el Plan de Inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas de trata y de explotación sexual y a mujeres" en esta situación. Su pacto de coalición no menciona ni esto, ni la gestación subrogada. Ya lo dijo Adriana Lastra en aquella rueda de prensa cuando se mostró visiblemente molesta con la oposición de los grupos de la mayoría -excepto el PP- a la enmienda: muchos de ellos todavía no tienen resuelto internamente el debate.

Sin consenso

Pero, al igual que Junts, EH Bildu, PNV y ERC, parte de Sumar (como Más País) no cree que el abolicionismo sea la vía para abordar la prostitución o para acabar con la trata. Por ejemplo, los Comunes en la pasada legislatura votaron en contra de la norma por considerarla "paternalista", al igual que ERC. Además, fue En Comú quien enmendó la ley del 'sólo sí es sí'para que tampoco se penalizara a quien ejerza el proxenetismo "no coactivo" (no violento), ni a quienes se beneficiaran del alquiler de pisos para ejercer el trabajo sexual, como se buscaba en un primer momento.

Por su parte, Junts, EH Bildu y PNV se abstuvieron de la tramitación de la ley pidiendo que se distinguiese la prostitución ejercida libremente de la trata, tildando la norma de "feminismo punitivista". Los nacionalistas vascos intentaron crear una subcomisión en el Congreso para estudiar la situación de la prostitución en España, pero PSOE, PP y VOX votaron en contra. EH Bildu pidió "escuchar la voz de las personas implicadas" para crear un debate en profundidad.

El aliado más claro que puede tener el PSOE en materia de abolicionismo es el PP. Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, asegura a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, que espera que la futura ley de trata salga adelante. De ella también espera que sea integral, es decir, que no aborde solamente el ámbito penal -castigando a los clientes o a los dueños de los locales donde se ejerce la prostitución- sino que dé salidas laborales, económicas y sociales a las mujeres que han sido víctimas de explotación sexual para que puedan vivir. "Pero, al final, esta ley se va a quedar en nada, porque sus socios tienen una visión absolutamente distinta a la que tiene la ministra y el partido socialista", lamenta.

Dos situaciones en un mismo saco

Alós señala que el 80% de quienes están en el mundo de la prostitución "son explotadas por proxenetas y mafias". Un dato que, asegura, viene de informes de la Policía. Sin embargo, Estefanía Acién, socióloga e investigadora en la Universidad de Almería especializada en prostitución, pone en duda ese porcentaje. Ella lleva investigando sobre ello desde el año 2003. Veintiún años en los que ha aprendido que "todos los datos que tienen que ver con la trata hay que mirarlos con lupa". "Es un fenómeno donde muchas de las personas abolicionistas, entre las que se incluyen asociaciones que trabajan con víctimas de trata, consideran que ninguna mujer libre, o con alternativas, ejerce la prostitución", asegura. Su alegalidad hace que apenas haya datos oficiales sobre cuántas mujeres la ejercen, ni en cuántos prostíbulos o pisos, cuántos hombres acuden a ellos y exactamente cuánto dinero mueve.

Explica que la ideología abolicionista de la prostitución se remonta a la era victoriana y al puritanismo de la Inglaterra de finales del siglo XIX. Entonces se consideró que debía ser abolida, igual que se había terminado con la esclavitud. Entendían que estas mujeres son esclavas de sexuales del patriarcado: la existencia misma de la "prostitución era una institución patriarcal que supone la dominación del hombre sobre la mujer a través de su acceso por precio al cuerpo".

El problema, señala la investigadora, es que con el paso del tiempo han visto que los países en los que se lleva a la práctica las políticas abolicionistas, como por ejemplo en Suecia, no han conseguido terminar con la trata. Acié resalta que el origen de este delito es más complicado que la mera existencia de la prostitución. En él entran factores como la desigualdad económica entre distintos países, las restricciones en las políticas migratorias o las limitaciones en el mercado de trabajo de las personas en situación irregular.

Distintas formas de abordarla

También indica que, aunque "el abolicionismo no contemple la penalización o criminalización de las personas que ejercen la prostitución", estas personas sí que ven cómo se reprime la demanda de su servicio, cómo se limitan los espacios donde pueden ejercer ese trabajo y cómo se criminaliza todo su entorno. Todo ello hace que asuman más peligros y cuenten con menos seguridad.

Sin embargo, el modelo nórdico no es el único que hay. Holanda, por ejemplo, ha abogado por el reglamentarismo, aunque apunta que "allí lo que se pone en el centro no son los derechos de las mujeres, sino el control policial y laboral del fenómeno". Otro modelo es el alemán, donde se hace "un intento de tratar la prostitución como si fuera otro trabajo". En este caso, el obstáculo que encuentra la investigadora es que "la prostitución no puede ser considerado un trabajo cualquiera" al entrar en juego la sexualidad de las personas.

Por eso, para ella y otras tantas "investigadoras y personas que están cerca del fenómeno y de quienes ejercen la prostitución", el mejor ejemplo de cómo abordarla se encuentra en Nueva Zelanda, donde se decidido por un modelo pro-derechos. "Allí, el gobierno lo que hizo fue estudiar de manera tranquila, sosegada y contando con la participación de personas que ejercían la prostitución, para proponer y articular una ley que pone en el centro sus derechos". La Universidad de Otago, encargada de analizar su impacto de la reforma, concluyó que el 90% de las trabajadoras sexuales creían que esta les había dado empleo, derechos legales, salud y seguridad. Otro 64% encontró más fácil rechazar clientes y un 57% dijo que las actitudes de la policía hacia ellas habían cambiado para mejor. "Nos parece que ese modelo sí que podría dar respuesta a los problemas cotidianos de las personas, algo que no hace una política abolicionista", asegura.

En este modelo pro-derechos, en el que se despenaliza la prostitución, la trabajadora sexual puede crear cooperativa y gestionar su propio burdel, sin que un empresario que fiscalice su trabajo, así como ejercer en la calle.

Sin contacto con las asociaciones

Acién, como la Comisión 8M, una de las convocantes de la manifestación por el Día de la Mujer en Madrid, considera que se debe de tener en cuenta la voz de las personas que ejercen la prostitución y que no son víctimas de explotación sexual. Porque, asegura, una no es sinónimo de lo otro. Sin embargo, lamenta que, a día de hoy, el gobierno no las considere interlocutoras válidas. Las asociaciones de trabajadoras sexuales con las que ha contactado este periódico niegan que se hayan puesto en contacto con ellas para conocer su opinión ante los posibles cambios legislativos.

"Una vez más, el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se presenta como una amenaza contra la libertad y los derechos de las mujeres que no aceptan que ser mujer implique un comportamiento normativo y una moral dictada por la corrección política. Se nos declara víctimas, aunque no aceptemos esa etiqueta, se propone cerrar los locales donde ejercemos nuestro trabajo, impedir que podamos alquilar pisos para ejercer nuestra actividad, y castigar con medidas punitivas propias de la policía de la moral, a nuestros clientes. La alternativa que propone ese feminismo inquisidor es la de convertirnos en mujeres subvencionadas, sometidas a su moral, 'salvadas' por el Estado y por las organizaciones de la llamada 'industria del rescate'", aseguraba por medio de un comunicado la plataforma StopAbolición.

Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid, las otras convocantes, consideran que la ley de trata que quiere sacar adelante el PSOE se queda corta, y piden que se apruebe una Ley Orgánica Abolicionista Sistema Prostitucional. Opiniones totalmente dispares que hacen pensar que a este debate, histórico en el movimiento feminista, aún le quedan años.