Nuevo auto demoledor de la jueza Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE incentivados con fondos públicos. La magistrada considera que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de «un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios», lo que «podría generar responsabilidad para España como Estado miembro».
En un auto notificado ayer a las partes, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza plantea como «conclusión apriorística» que las ayudas dadas por la Junta «podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad» de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.
Alaya acusa al Gobierno andaluz de querer escapar al control de la UE «primero, concediendo en su mayoría ayudas por encima del umbral de mínimos -que no requieren autorización por parte de la CE- y, en segundo lugar, incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas subvenciones que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación y autorización previa», un incumplimiento que, a su juicio, «podría generar responsabilidad para España como Estado miembro».
Por este motivo, la jueza requiere a la Junta para que en el plazo de diez días aporte las publicaciones de las ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, todo ello al tiempo que solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores las comunicaciones que haya podido recibir de la Junta sobre «las ayudas directas exentas», desde 2001 hasta ahora. Alaya pide además que la Consejería de Empleo entregue los expedientes de ayuda correspondientes a 23 empresas beneficiarias de las subvenciones autonómicas investigadas.
