Junta y Gobierno se dan una tregua de un mes para llegar a un acuerdo en Doñana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecieron este martes juntos en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, tras una reunión de casi dos horas que rompió meses de incomunicación y enfrentamiento con Doñana en el epicentro de la confrontación.

La cita se produjo en el tiempo de descuento y al límite de que la proposición de ley de PP y Vox, que amplía las hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional, fuera incluida en el orden del día del pleno del Parlamento andaluz de la próxima semana para su aprobación definitiva. El presidente andaluz confirmó que esa proposición de ley queda aparcada en busca de un acuerdo.

El Ministerio ha dotado con 350 millones más, hasta 700 millones en total, el plan para Doñana que el departamento de Teresa Ribera presentó en noviembre de 2022 para la comarca. Ese plan disponía en un principio 356 millones en cinco años, hasta 2027, con medidas diversas para aliviar la presión sobre el parque natural. Entre otras partidas, 100 millones para la compra de fincas y derechos de agua. El Gobierno de la nación dobla la apuesta inversora y ofrece al andaluz Juan Manuel Moreno una pista de aterrizaje para un asunto enquistado, que le había ocasionado un gran desgaste por el tamaño de una polémica de alcance europeo en los últimos meses. La norma tenía en contra a la Comisión Europea, la Unesco, la comunidad científica y las asociaciones ecologistas.

A cambio, el presidente andaluz mete en el congelador la proposición de ley que registró, por segunda vez, en marzo de 2023. El PP fue de la mano de Vox, que ha arremetido contra esta decisión. La norma elevaba en unas 750 hectáreas el suelo de regadíos en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

El Gobierno de la nación tuvo un contacto con los agricultores de la plataforma de regantes en defensa del regadío en el condado de Huelva en Madrid la misma mañana del martes, antes de que Ribera viajara a sentarse con Moreno. El secretario de Estado, Hugo Morán, se sentó con los afectados, que estaban en la feria 'Fruit Attraction' en la capital. Fue otra de las peticiones que hizo la Junta, que el mismo Gobierno explicara el 'plan b' a los agricultores con quienes el presidente andaluz había comprometido su palabra. No todos están contentos, admiten desde la Junta, pero sí "expectante" y la mayoría han sido, explicaron, "generosos" ante la decisión de dar marcha atrás en el último momento.

Semanas de diálogo

Junta y Gobierno rompieron su incomunicación alrededor de la última semana de septiembre. Ribera descolgó el teléfono para llamar a Moreno y le pidió que diera marcha atrás cuando la polémica proposición de ley ya caminaba hacia su aprobación definitiva. Cuando PSOE y PP se enfrentaban con dureza los días de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, los equipos de Presidencia y el Ministerio para la Transición Ecológica abrían contactos y empezaron a mover sus fichas para tratar de dar una salida a la norma.

El presidente andaluz comenzó agradeciendo a la vicepresidenta que viajara a Sevilla para celebrar esta reunión, que interpretó como un gesto importante a favor del diálogo "sincero y honesto desde posiciones encontradas" pero con disposición al acuerdo. Ribera también tiró de cortesía institucional: "Para mí es un gran placer", aseguró, para proclamar que es "posible" que lo que une a Junta y Gobierno a favor de Doñana y del desarrollo económico de la zona permita "empezar una nueva etapa". "Necesitamos una Doñana viva y rica, que siga siendo catedral de los ecosistemas pero también un espacio de progreso y vitalidad para los vecinos", defendió la vicepresidenta.

La puesta en escena estaba más que calculada. La norma, de aprobarse en el Parlamento, estaba abocada a la paralización cautelar y el Gobierno ya había anunciado un recurso al Tribunal Constitucional. También Bruselas había advertido de sanciones en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de junio de 2021, que condenó a España por no preservar Doñana y advirtió de castigos económicos si no se alivaba la presión sobre el acuífero del Parque.

Por primera vez en enero de 2022, PP y Vox registraron en el Parlamento andaluz una proposición de ley para ampliar el regadío en Doñana. Esa iniciativa decayó por la convocatoria de elecciones autonómicas y el PP, de nuevo de la mano de la ultraderecha, volvió a registrar una iniciativa similar en marzo de 2023. En estos meses se ha frenado tres veces, por las elecciones municipales, las generales y días atrás, por orden directa de Moreno. Ahora ya se sabe por qué.

Ribera aseguró que el acuerdo no tiene que llegar por orden de la Comisión Europea ni los tribunales sino por voluntad de ambas administraciones, de Junta y de Gobierno. El plazo es un mes y en la próxima semana se celebrarán reuniones con todos los vecinos, asociaciones y empresarios del territorio con un grupo de trabajo conjunto que tendrá representantes del máximo nivel de ambas administraciones. El Gobierno se compromete a poner medios humanos y económicos para que esta propuesta salga adelante.

Desde 2014

La proposición de ley pretendía dar una salida a los agricultores afectados por la ordenación del plan de la fresa de 2014, que declaró 1.600 hectáreas como suelo de secano o forestal, no apto para la agricultura intensiva de frutos rojos y legalizó otras 9.400 hectáreas.

Moreno se comprometió a abrir un diálogo "honesto, sincero y sensato" que confió que sea "fructífero". "Nos toca tirar de audacia y generosidad para dar salida a un problema enconado" desde hace muchos años, aportó. “Podemos llegar a un acuerdo satisfactorio para la mayoría, no al cien por cien pero sí para que la mayoría esté satisfecho”, señaló el presidente andaluz.

Sobre la mesa está la posible permuta de suelos a los agricultores afectados o el programa de compras de suelo, con 100 millones en el plan Doñana del Ministerio. Pero ni Junta ni Gobierno quieren anticipar cuáles son las soluciones.

El deshielo

Ni Moreno ni Ribera quisieron desvelar públicamente qué ha pasado en los últimos días para que se haya producido este deshielo en las relaciones de ambas administraciones. “Esto se produce porque ha habido voluntad”, zanjó Moreno, que lamentó el “distanciamiento” y que se hayan “enfriado” las relaciones también por los procesos electorales de los últimos meses. “Bien está lo que bien puede acabar”, defendió el presidente andaluz. La voluntad de acuerdo, explicó Moreno, se desmuestra porque “ella (en alusión a la vicepresidenta) está aquí y nosotros vamos a retirar la proposición de ley”.

Ni Junta ni Gobierno quisieron marcar líneas rojas. El Gobierno andaluz supedita el acuerdo al visto bueno de la mayoría de los agricultores afectados mientras que el Ministerio advierte de que no caben más hectáreas de regadío. “Tenemos que ponernos a andar, empezar a reunirnos, hacer propuestas y buscar soluciones”, defendieron ambos, convencidos de que los equipos de trabajo serán lo “suficientemente tenaces y preparados para buscar fórmulas de solución”.

Vox cree que el PP "mete por enésima vez la pata"

Minutos después de conocerse la noticia, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que el PP "mete por enésima vez la pata" al "conectar" con el Gobierno central y posponer la aprobación de la proposición de ley de mejora de regadíos de la Corona Norte, impulsada por el PP y Vox.