Tribunales

Comienzan a declarar ante el juez los primeros imputados por el caso Edu

Los imputados fueron detenidos en junio de 2014 por supuestas irregularidades en un curso de soldadura impartido en 2010

17.04.2015 | 14:00

Tres miembros de un centro de formación de Málaga han sido los primeros en prestar declaración hoy ante el juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, instructor del caso sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación denominado Edu.

En esta jornada han declarado la coordinadora y dos profesores, uno de soldadura y otro de diseño gráfico, de un centro de formación de Málaga que había recibido subvenciones de la Junta de Andalucía para realizar dos cursos, uno de ellos en 2009 y otro en 2010.

Los imputados fueron detenidos en junio de 2014 por supuestas irregularidades en un curso de soldadura impartido en 2010 para el que la Junta concedió una subvención de 130.000 euros de la que sólo han recibido un 75 por ciento, según ha informado a los periodistas la coordinadora del curso.

En el momento de la detención los cuatro imputados (los dos profesores, la coordinadora y el propietario de la empresa) se negaron a declarar por recomendación de su abogado.

El curso fue impartido a 15 alumnos y constaba de una parte teórica, impartida por el profesor de diseño gráfico, y otra práctica de la que se encargaba el docente de soldadura, al finalizar la formación la entidad debía contratar a alumnos, pero solo formalizaron cinco contratos, porque "no había mucho trabajo", ha señalado la coordinadora.

En este sentido, ha asegurado que los dos cursos se realizaron de manera correcta y que los profesores controlaban la asistencia de los alumnos, al tiempo que ha indicado que la Junta de Andalucía le reclama la totalidad del importe de la subvención pese a que solo han recibido el 75 por ciento.

El profesor de soldadura, hijo del propietario de la empresa y de la coordinadora de los cursos, ha indicado en la declaración a la que ha tenido acceso Efe que además de impartir clases en el centro de formación trabajaba en otra empresa de la familia, pero que la Junta "no puso ningún tipo de incompatibilidad por realizar doble actividad".

Durante su declaración ha asegurado que la entidad "no tenía ningún tipo de relación con ningún funcionario del Servicio Andaluz de Empleo" y ha asegurado que no sabe nada de la subvención porque el solo daba las clases.

El propietario de la empresa también está llamado a prestar declaración ante el juez, en su caso el próximo 5 de mayo.

Unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria, de diciembre de 2010, investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tendrán que comparecer ante el juez instructor.

También serán citados los responsables y funcionarios encargados de conceder las ayudas, aunque según las fuentes consultadas previsiblemente estas citaciones serán de las últimas para que el juez instructor tenga sobre la mesa las declaraciones de testigos y supuestos beneficiarios.

Esta primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, ya que dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.

El juez instructor también tiene ya en su poder la investigación de la segunda parte de las pesquisas, la denominada Edu Costa, y que afecta a diez empresas en Málaga, todas ellas relacionadas con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.

Con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas y las investigaciones han detectado irregularidades en diez de ellas.

Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones, la investigación del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados se inició a raíz de una denuncia ante la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF).

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