La Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado de Instrucción número 4 de Vélez Málaga en el que interesa la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Benamocarra José Díaz García (PSOE) y cinco antiguos concejales del equipo de gobierno por un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de 53 licencias de obra en otros tantos expedientes.
La acusación pública pide tres años de prisión y 15 de inhabilitación para el ex regidor, mientras que solicita idéntica pena de prohibición para cargo público en el caso de los ex concejales, aunque, eso sí, exige para ellos que se les imponga un castigo de dos años de cárcel, según el escrito al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
Los ex ediles acusados son los siguientes: Antonio Miguel Zamora Fernández, Eduardo Gutiérrez Fernández, José Chica Fernández, José Ocón Ocón y Daniel Gordo Fernández. Todos ellos formaban parte, junto a José Díaz, de la comisión de gobierno que otorgó las licencias para la realización de distintas obras, ya se trate de viviendas unifamiliares contrarias a planeamiento, o de aumentos de edificabilidad, reparaciones de techos, demoliciones de viviendas o edificación de almacenes, casas de aperos u obras de cerramiento y techado, la realización de una balsa -en este caso no había proyecto que garantizase una ejecución segura- o hacer un simple cuarto de baño en el patio.
Unanimidad
Según consta en la calificación, los acusados, mayores de edad y sin antecedentes penales, «y como miembros de las sucesivas comisiones de gobierno del Ayuntamiento de Benamocarra entre 1997 y 2003, han votado favorablemente, o acordado mediante decreto, la concesión de licencias de obra contrarias a las normas urbanísticas vigentes, a sabiendas de su injusticia».
En los 53 expedientes a los que hace referencia el ministerio fiscal, los miembros de la comisión de gobierno concedieron las licencias «por unanimidad», eludiendo seguir las instrucciones que incluyeron en sus informes el arquitecto técnico municipal y el secretario de la corporación, quienes, en todos los casos analizados por la Fiscalía, se opusieron a la concesión de los distintos permisos.
En uno de los expedientes, un habitante de la localidad pide licencia de construcción de una vivienda unifamiliar (plantas baja y primera) el 13 de abril de 1998. Ésta le fue concedida, el 12 de mayo, por unanimidad de la comisión de gobierno, «pese al informe jurídico desfavorable del secretario municipal y el del arquitecto técnico». ¿Por qué no se le otorgó? «Por sobrepasar la edificabilidad máxima, ejecutar una planta más y no cumplir la normativa sismorresistente», explica el acusador público.
Expedientes
En algunos casos, las peticiones de permisos de obra no cuentan ni siquiera con proyecto técnico. Otro vecino reclama, el 3 de marzo de 1999, licencia para la construcción de una casa de aperos y piscina, que se le concede por unanimidad y con informes desfavorables, «aun cuando adolece de proyecto técnico de profesional competente». Otro solicita, el 5 de mayo de 1999, permiso para levantar una vivienda con bajo y tres plantas. Se le da luz verde a la licencia, aun cuando hay informes técnicos y jurídicos desfavorables y no tiene proyecto técnico, ni estudio de seguridad, supera la altura máxima permitida y ocupa la vía pública sin haber solicitado permuta.
Uno de los solicitantes sobrepasó, indica el ministerio público, la edificabilidad permitida en más de 200 metros cuadrados.
El ex regidor socialista, que dirigió el pueblo desde 1989 hasta 2003, también es acusado por la presunta concesión de ocho licencias de obra con el objetivo de edificar otras tantas viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, según el fiscal, hechos que se han unido a este proceso pese a ser objeto de otra investigación.
