La Fiscalía de Málaga pide 39 años de cárcel para una mujer de nacionalidad rumana a la que acusa de obligar a prostituirse a sus dos hijas gemelas de sólo 16 años a cambio de dinero. Para ello, siempre según el ministerio público, llegó a firmar un contrato con un matrimonio de compatriotas que trajo a las niñas a España y les buscó los locales, primero en Gerona y luego en la Costa del Sol Oriental -Nerja y Torre del Mar-. Éstos, además, las drogaban y las hacían beber para luego, dice el fiscal, obligarlas a mantener relaciones con ellos. Los hechos saltaron a la luz pública en octubre de 2011, cuando las jóvenes denunciaron a su familiar.
El ministerio público pide para los siete acusados penas que suman 280 años de prisión. A la madre se le acusa de dos delitos de trata de personas, dos delitos de prostitución y un quinto de falsedad (39 años). M. C., el hombre que cierra el contrato con la madre, M. M., se juega 54 años, porque se le acusa además de agresión sexual continuada; su mujer, M. V., se enfrenta a 37 años, y al propietario y un proxeneta de los clubes de Gerona, cada uno, a 27 años.
El dueño de los locales de la Axarquía y su supuesto testaferro, de nacionalidad española, se juegan cada uno 48 años de prisión. Ambos se enfrentan a un total de 28 delitos de prostitución, dado que 14 fueron las mujeres pilladas in fraganti por la policía en sendas redadas en dos clubes de la costa.
El matrimonio rumano, a principios de 2011, «se concertó para la captación, trata y explotación de las menores de edad -una pareja de gemelas rumanas de 16 años-, las cuales en mayo de 2011 fueron traídas a España con la finalidad de ser explotadas sexualmente, todo ello tras llegar a un acuerdo por escrito a cambio de precio con la madre de ambas menores, M. M., quien se las cedió con dicha finalidad», relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
Las menores fueron llevadas a Gerona, a un local donde I. V. F., propietario del local, las «obligó a mantener relaciones». Dice el acusador público que debían estar disponibles las 24 horas del día, «a cambio de un dinero que les era arrebatado inmediatamente». Antes, se les entregó por M. C., el rumano que concertó con la madre la explotación, documentación falsa a las jóvenes. En el club, ambas eran controladas por un colombiano procesado, «el cual recogía el dinero procedente de los servicios sexuales que realizaban ambas menores, y, como al resto de mujeres que se prostituían en dicho local, controlaba a las mismas». Cuando fue detenido, portaba hojas manuscritas donde figuran los días, horas de la realización y el precio de los servicios realizados por las mujeres.
Una vez en semana, las niñas eran llevadas a Figueras, ya que allí vivía el matrimonio proxeneta, «donde eran obligadas a ingerir importantes cantidades de alcohol y drogas para a continuación mantener relaciones sexuales completas» con ellos, y uno de sus primos, también menor de edad, aclara el fiscal.
Si éstas no accedían, «eran golpeadas u obligadas a ello». Las niñas pidieron ayuda a otras mujeres. Una de ellas y su novio las trasladaron hasta Málaga, donde el hombre las determinó «a ejercer la prostitución» en un club de Torrox y otro de Torre del Mar.
El propietario de los locales les dio de nuevo documentación falsa, y «para sacarles el máximo provecho económico», las lleva un tiempo a un club de Navas del Rey (Madrid) y a otro de Gerona, para, «al cabo de dos meses, llevarlas nuevamente a Málaga».
Cuando la progenitora «sabe que sus hijas han logrado escapar del control de R. M. C., se traslada de Rumanía a España, concretamente a la localidad de Torre del Mar, donde comienza a explotarlas ella misma, controlando el dinero que las menores cobraban, obteniendo de esta manera pingües beneficios con su actividad, hasta que se procedió a su detención tras ser denunciada por sus propias hijas», relata el ministerio fiscal.
Una vez de vuelta en la provincia, les dieron de nuevo documentación falsificada. Ya en los locales de Torre del Mar y Torrox, la madre convino el ofrecimiento para el ejercicio de la prostitución con el dueño de los clubes, F. A. G., de nacionalidad española. Eso sí, no queda acreditado que éste supiera que las muchachas fueran menores de edad.
El hombre alquiló un piso a madre e hijas ubicado justo encima de uno de los clubes. El acusado pagaba el alquiler con el dinero que ganaban las niñas. En esos negocios, «debían cumplir, como el resto de las mujeres, una serie de reglas».
Cuando la policía llegó el 8 de noviembre a los locales, hallaron en ambos a varias mujeres que se dedicaban supuestamente a la prostitución. J. A. R., también encausado por estos hechos, era el supuesto testaferro de F. A. G.
